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Sindicato denuncia masacre laboral en la cadena
Detrás de los comunicados oficiales, las cifras de recortes y los tecnicismos jurídicos, el caso de los despidos en Caracol Radio tiene un rostro profundamente humano. Decenas de periodistas, productores, técnicos y trabajadores de apoyo recibieron en cuestión de horas la noticia de que quedaban por fuera de la empresa en medio de una reestructuración que, según el sindicato de Prisa Media, se ha ejecutado de forma masiva y con criterios que ponen en riesgo derechos básicos. Para muchos de ellos, la decisión significó abandonar décadas de trabajo en una de las cadenas radiales más influyentes del país.
Las denuncias llegaron al Ministerio de Trabajo acompañadas de expresiones fuertes: el sindicato Sinprisa habló de “masacre laboral” para describir el impacto de los despidos en Caracol Radio y sus emisoras filiales. La organización asegura que no se trata de un simple reajuste interno, sino de una estrategia que prioriza la reducción de costos por encima de la estabilidad laboral, la libertad sindical y el derecho al trabajo de quienes sostienen la operación informativa día a día.
La cartera laboral, en cabeza de Antonio Sanguino, decidió intervenir tras adelantar inspecciones en la sede de la empresa y revisar la situación de varios trabajadores despedidos. El Ministerio concluyó que se habrían vulnerado las normas laborales al desvincular a personas con fuero circunstancial, es decir, protegidas por su participación en procesos colectivos o por pertenecer a sindicatos en medio de un conflicto laboral. Esa condición les otorga una estabilidad reforzada que exige autorización previa y requisitos estrictos para cualquier despido.
Desde la perspectiva de los trabajadores, el golpe no solo es económico. Muchos de ellos relatan que su vida cotidiana cambió de un día para otro: rutinas de trabajo que se extendían desde la madrugada hasta la noche, coberturas especiales, transmisiones en vivo y proyectos de largo aliento se detuvieron abruptamente. A la incertidumbre por la pérdida de ingresos se suma la preocupación por el impacto emocional y profesional, en un mercado laboral de medios ya de por sí saturado y con pocas vacantes estables.
El Ministerio respondió con medidas preventivas que buscan, al menos, poner freno a nuevos despidos mientras se aclara qué ocurrió con los casos ya ejecutados. La orden a Caracol Radio de abstenerse de realizar terminaciones sin justa causa y de recurrir a “mutuos acuerdos” intenta revisar una práctica frecuente: la firma de arreglos que, bajo apariencia de voluntariedad, pueden esconder presiones para que los trabajadores acepten su salida con menor resistencia. Al mismo tiempo, se le exige a la empresa evitar cualquier conducta que pueda afectar la libertad sindical.
Las familias de los trabajadores despedidos se convierten en un actor silencioso de esta historia. Hipotecas, créditos educativos, gastos de salud y proyectos personales quedan en el aire mientras los afectados evalúan sus opciones: demandar, buscar una conciliación o reinventarse profesionalmente fuera de la radio. En algunas ciudades, colegas y organizaciones del gremio han expresado solidaridad y han advertido que la precarización del empleo en medios puede terminar afectando también la calidad de la información que recibe la ciudadanía.
Mientras tanto, el proceso administrativo que iniciará el Mintrabajo se perfila como la única vía institucional para revisar a fondo lo ocurrido. Si se comprueba que hubo violaciones a la ley laboral, algunos de los despedidos podrían aspirar a un reintegro o a indemnizaciones mayores; si no, deberán enfrentar por su cuenta el reto de recomenzar. En cualquier caso, el episodio deja una pregunta abierta: cómo asegurar que las transformaciones de la industria de medios, necesarias en un entorno digital desafiante, no se paguen con la estabilidad y el bienestar de quienes hacen posible la radio todos los días.
