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El Consejo de Estado recordó que las decisiones de elección no se pueden “rehacer” sin un soporte legal sólido
El conflicto por la Rectoría de la Universidad Nacional ha dejado de ser un asunto exclusivamente universitario para convertirse en un caso paradigmático sobre la relación entre autonomía académica y control judicial. Con la decisión que anuló el nombramiento de Leopoldo Múnera, el Consejo de Estado envió un mensaje que trasciende el campus: los órganos de gobierno de las universidades públicas deben ceñirse estrictamente al marco legal cuando toman decisiones tan sensibles como la elección de su máxima autoridad.
El punto central del fallo es que el CSU no podía, por sí mismo, deshacer la elección de José Ismael Peña para luego nombrar a Múnera. Según la interpretación de la Sección Quinta, una vez adoptada la elección inicial, esa decisión solo podía ser revisada por la jurisdicción contencioso administrativa, no por el mismo órgano que la tomó. En la práctica, la sentencia advierte que la autonomía no equivale a un cheque en blanco para alterar actos ya perfeccionados, sobre todo cuando de por medio hay derechos políticos, expectativas laborales y estabilidad institucional.
La controversia se alimentó, además, de un contexto político y social muy cargado. La elección de Peña en marzo de 2024 fue vista por sectores estudiantiles como la imposición de un proyecto de universidad más cercano a la lógica gerencial y privatizadora, mientras que Múnera representaba, para sus seguidores, una apuesta por la democracia interna y la defensa de lo público. La posterior reversión de la decisión por parte del CSU, y ahora el fallo que la tumba, han convertido el caso en una sucesión de victorias y derrotas simbólicas para cada bloque.
Para el sistema de educación superior, el episodio deja varias preguntas abiertas. ¿Deben las consultas internas tener un peso vinculante en la elección de rectores? ¿Cómo evitar que los órganos colegiados queden atrapados entre la presión política del Gobierno, la calle y las demandas judiciales? ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas pueden ayudar a que las decisiones sobre la dirección de una universidad se tomen de cara a la comunidad, pero sin vulnerar la seguridad jurídica? Las respuestas que ensaye la Nacional serán observadas de cerca por otras instituciones públicas.
El caso también reaviva el debate sobre la distribución de poderes en el sistema universitario colombiano. El CSU de la Nacional, integrado por representantes del Gobierno, de los exrectores, de los profesores, de los estudiantes y de otros estamentos, encarna una forma de gobierno que busca equilibrar intereses diversos. Sin embargo, la disputa por la Rectoría ha mostrado que cuando las mayorías internas cambian o sienten la presión del entorno, las decisiones pueden dar giros bruscos que después terminan examinadas por la justicia.
De cara al futuro inmediato, la tarea del CSU no es sencilla. Cualquier decisión que tome para reemplazar a Múnera será leída en clave política, tanto dentro como fuera de los campus. Algunos analistas sugieren que el órgano colegiado debería aprovechar la coyuntura para abrir un proceso amplio de discusión sobre las reglas de elección, incluso con participación de otras universidades públicas y de expertos en derecho administrativo. Otros insisten en que la prioridad es nombrar cuanto antes a una autoridad que pueda garantizar la continuidad académica sin que la universidad se quede acéfala.
Al final, la Rectoría de la Nacional se ha convertido en una especie de laboratorio institucional donde se cruzan expectativas de cambio, controles de legalidad y tensiones políticas nacionales. Lo que hoy parece un pulso entre nombres propios –Peña y Múnera– puede, con el tiempo, dejar como legado una discusión más estructural sobre cómo se gobiernan las universidades públicas en Colombia y cuáles son los límites de cada actor en ese delicado equilibrio.
El fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional confirma que la autonomía universitaria debe convivir con un estricto respeto al derecho administrativo y al control judicial. De cara a la opinión pública, el caso se convierte en un precedente clave para los procesos de elección de rectores en Bogotá y en otras regiones, y abre la puerta a reformas que fortalezcan la transparencia y la participación en el gobierno de las universidades públicas colombianas.
