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Crisis diplomática revela fracturas en estrategia antinarcóticos
Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de destruir laboratorios de cocaína en Colombia representan más que un episodio aislado de tensión diplomática. Este intercambio con el presidente Gustavo Petro evidencia una fractura fundamental en la concepción misma de cómo debe enfrentarse el problema del narcotráfico en el hemisferio occidental.
La confrontación verbal entre ambos mandatarios expone dos visiones radicalmente opuestas. Por un lado, el enfoque militarizado de Trump, que privilegia la fuerza directa y las operaciones unilaterales. Por otro, la estrategia de Petro basada en la “Paz Total”, que busca desmantelar las estructuras criminales mediante negociaciones y transformación social de los territorios afectados.
Este choque de paradigmas ocurre en un momento crítico, cuando las cifras de producción de cocaína en Colombia han alcanzado niveles récord según reportes de organismos internacionales, mientras que el consumo de drogas sintéticas como el fentanilo se ha convertido en una crisis de salud pública en Estados Unidos. La pregunta fundamental es si la militarización puede resolver un problema que tiene raíces profundamente económicas y sociales.
El análisis de las declaraciones de Trump revela una estrategia comunicativa calculada. Al afirmar que estaría “orgulloso” de destruir las fábricas pero aclarar que no lo hará necesariamente, el presidente estadounidense mantiene la ambigüedad estratégica. Esta técnica de política exterior permite presionar a gobiernos latinoamericanos sin comprometerse formalmente a acciones que podrían generar crisis internacionales mayores.
La efectividad de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe merece un examen crítico. Si bien Washington reporta el bombardeo de 21 embarcaciones presuntamente narcotraficantes, no existen indicadores claros de que estas acciones hayan reducido el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Los expertos en narcotráfico señalan que las rutas se adaptan rápidamente, y que la destrucción de una embarcación simplemente desplaza el problema sin resolver la estructura de producción y distribución.
La respuesta de Petro, citando la destrucción de más de 10.000 laboratorios, también merece análisis contextual. Aunque la cifra puede ser técnicamente exacta, los llamados “laboratorios” en zonas rurales colombianas frecuentemente son instalaciones precarias que pueden reconstruirse en días con inversiones mínimas. La destrucción de cristalizaderos no necesariamente impacta la capacidad de producción a largo plazo si no se abordan los factores estructurales que hacen rentable el negocio.
La descertificación de Colombia y la inclusión de Petro en la Lista Clinton representan herramientas de presión económica y diplomática sin precedentes en la relación bilateral. Sin embargo, la historia de las sanciones estadounidenses muestra resultados mixtos. En casos como Venezuela o Cuba, las sanciones prolongadas no han logrado cambios de régimen y en ocasiones han fortalecido narrativas nacionalistas que consolidan a los gobiernos sancionados.
El trasfondo de esta crisis incluye factores geopolíticos más amplios. La política de “Paz Total” de Petro implica negociaciones con grupos armados que Washington considera organizaciones criminales o terroristas. Esta divergencia fundamental hace casi imposible la coordinación efectiva entre ambos países, fragmentando una cooperación que durante décadas fue modelo en la región.
El despliegue militar estadounidense en el Caribe también debe entenderse en un contexto más amplio que incluye a Venezuela. Trump ha mencionado repetidamente la posibilidad de acciones contra el régimen de Nicolás Maduro, y el posicionamiento de fuerzas navales significativas en la región puede interpretarse como preparación para múltiples escenarios, no únicamente operaciones antinarcóticos.
La crisis actual plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación hemisférica. Si Estados Unidos adopta un enfoque unilateral que incluye operaciones militares en territorio de países aliados sin su consentimiento, podría establecerse un precedente peligroso que erosione el sistema interamericano de derecho internacional y genere reacciones nacionalistas que dificulten cualquier forma de cooperación futura.
El análisis de esta crisis revela que no existen soluciones simples al problema del narcotráfico. Los enfoques exclusivamente militares han demostrado limitaciones históricas, mientras que las estrategias de negociación sin aplicación de fuerza pueden interpretarse como permisividad. La evidencia sugiere que los resultados sostenibles requieren enfoques integrales que combinen interdicción selectiva, desarrollo alternativo, fortalecimiento institucional y reducción de la demanda.
La pregunta fundamental es si Estados Unidos y Colombia pueden encontrar un terreno común que permita reconstruir la cooperación. Mientras ambos gobiernos mantengan posiciones maximalistas y utilicen la confrontación como herramienta política, las posibilidades de progreso real contra el narcotráfico se reducen. La experiencia histórica indica que el problema del narcotráfico no se resuelve con declaraciones contundentes sino con políticas sostenidas, coordinación multilateral y compromisos de largo plazo que trasciendan los ciclos políticos.
