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Debate técnico impacta directamente a familias necesitadas
Detrás de los 12,5 billones de pesos y las cifras técnicas del Decreto 1166 están las historias de 400.000 familias colombianas que esperan mejorar sus condiciones de vivienda. Para muchos de estos hogares, el subsidio de hasta 31,3 millones de pesos representa la única oportunidad de tener un techo digno y seguro.
María, una madre cabeza de familia en un municipio rural, representa a miles que llevan años esperando poder reparar su vivienda. Para ella, la noticia de que se eliminarán trámites complejos suena prometedora, pero la advertencia sobre posibles riesgos de seguridad la llena de inquietud. ¿Su casa mejorada será realmente segura para sus hijos?
La tensión entre eficiencia administrativa y garantías técnicas adquiere rostro humano cuando se entiende que las familias beneficiarias suelen ser las más vulnerables del país. Son hogares que viven en el déficit habitacional, en estructuras precarias, sin capacidad económica para contratar asesoría técnica adicional si algo sale mal.
Las familias que accederán a estos subsidios enfrentan una realidad compleja. Muchas habitan en zonas rurales o periferias urbanas donde la presencia institucional es limitada. Para ellas, cualquier trámite adicional representa barreras económicas y logísticas difíciles de superar. El costo de transportarse a una curaduría o enfrentar demoras burocráticas puede ser prohibitivo.
Sin embargo, estas mismas familias son quienes más necesitan garantías de seguridad estructural. Viven en zonas de riesgo sísmico, en laderas inestables o en áreas con condiciones geológicas complejas. Una construcción sin verificación técnica adecuada podría convertir su sueño de vivienda digna en una trampa mortal.
El perfil de los beneficiarios revela la magnitud humana de la decisión gubernamental. Son trabajadores informales, agricultores, empleadas domésticas, vendedores ambulantes que durante años han ahorrado y esperado una oportunidad. El subsidio representa para muchos la diferencia entre seguir en condiciones precarias o alcanzar una vivienda minimamente digna.
La historia de construcción informal en Colombia está marcada por tragedias. Deslizamientos, colapsos estructurales y fallas constructivas han cobrado vidas, especialmente en comunidades vulnerables. Estas familias no pueden permitirse errores técnicos; literalmente, su vida y la de sus hijos depende de que las construcciones sean seguras.
La carta de responsabilidad profesional suena tranquilizadora en el papel, pero para una familia campesina en un municipio pequeño plantea interrogantes prácticos. ¿Cómo verificarán que el profesional firmante es idóneo? ¿Qué recurso tendrán si años después aparecen fallas estructurales? ¿Quién responderá si hay un colapso?
El componente emocional es significativo. Muchas de estas familias han esperado durante años, atravesando procesos burocráticos, inscribiéndose en listas, cumpliendo requisitos. Ahora enfrentan la contradicción de ver simplificados los trámites mientras escuchan advertencias sobre posibles riesgos. La esperanza se mezcla con ansiedad.
Para los habitantes de zonas sísmicas, la preocupación es particularmente aguda. Colombia está ubicada en una zona de alta actividad sísmica. Las normas de sismo-resistencia no son caprichos burocráticos sino salvaguardas vitales. Familias que sobrevivieron terremotos anteriores entienden mejor que nadie la importancia de construcciones técnicamente sólidas.
Al final, el debate técnico y político sobre el Decreto 1166 se reduce a una cuestión esencialmente humana: ¿merecen las familias más vulnerables de Colombia viviendas que les den tranquilidad o simplemente estructuras que se levanten rápido? La dignidad no se construye solo con ladrillos y cemento, sino con la certeza de que el hogar es un refugio seguro.
Las 400.000 familias esperan no solo un techo mejorado, sino la promesa de seguridad que toda vivienda debe ofrecer. Su esperanza no debería estar condicionada a aceptar riesgos que otros sectores de la sociedad no asumirían. El verdadero desafío del Gobierno será demostrar que es posible ser eficiente sin sacrificar la seguridad de quienes más necesitan protección.
