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La lista incluye operaciones de alto impacto durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro
El 29 de agosto de 2019, en San Vicente del Caguán (Caquetá), las Fuerzas Militares realizaron un bombardeo contra un campamento de disidencias de las FARC que, según la Fiscalía y organizaciones de derechos humanos, albergaba menores reclutados. En la operación murieron niños y adolescentes, hecho que no fue informado de inmediato por el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero. La posterior revelación de la presencia de menores llevó a una fuerte controversia política y a una moción de censura que desembocó en la renuncia del ministro.
El 2 de marzo de 2021, ya con Diego Molano en el Ministerio de Defensa y bajo el gobierno de Iván Duque, un nuevo bombardeo tuvo lugar en zona rural de Calamar (Guaviare) contra estructuras disidentes. En esa operación se registró la muerte de una menor de 16 años, lo que reavivó las críticas por la participación de menores en campamentos armados y por los riesgos de los ataques aéreos. Molano defendió entonces la acción, argumentando que los adolescentes eran parte de la estructura y utilizando expresiones que generaron rechazo en sectores políticos y organizaciones humanitarias.
Meses después, el 16 de septiembre de 2021, un operativo en el Litoral de San Juan (Chocó) volvió a poner sobre la mesa el tema de los bombardeos. Allí, una acción militar contra un grupo armado ilegal dejó varios combatientes muertos, entre ellos cuatro menores de edad, de acuerdo con los reportes que se conocieron después. Estos episodios, sumados a denuncias sobre otros bombardeos con presencia de niños, llevaron a que en 2022 el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunciara la revisión de este tipo de operaciones una vez iniciado el nuevo gobierno.
Ya en la administración de Gustavo Petro, el 23 de agosto de 2025 se registró un bombardeo en la vereda Nueva York, en El Retorno (Guaviare), contra las disidencias de “Iván Mordisco”. En esa operación, según los registros forenses, murieron ocho personas, tres de ellas menores de edad. El caso marcó el retorno de una herramienta militar que el propio Petro había criticado en el pasado, y encendió las alertas sobre posibles contradicciones entre su discurso de campaña y las decisiones adoptadas en el gobierno.
El 1 de octubre de 2025, en Puerto Santander (Amazonas), otro bombardeo contra un campamento de un grupo armado —atribuido a disidencias de las FARC— dejó cuatro menores muertos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. La defensora Iris Marín reiteró entonces las advertencias sobre el riesgo de adelantar operaciones aéreas en zonas donde se tiene noticia de reclutamiento forzado, e instó al Gobierno a revisar los protocolos que se aplican antes de autorizar un ataque de esta naturaleza.
La operación más reciente y más mortífera tuvo lugar el 10 de noviembre de 2025 en Calamar (Guaviare), cuando un bombardeo contra las disidencias de “Iván Mordisco” dejó 20 muertos, entre ellos siete menores, según confirmó Medicina Legal. La Defensoría y organismos internacionales han cuestionado si se cumplieron los principios de proporcionalidad y precaución del DIH, mientras el presidente Petro asumió la responsabilidad política del ataque, lamentó las muertes y pidió perdón a las familias.
Finalmente, el 13 de noviembre de 2025, un bombardeo en la vereda La Esmeralda, en Puerto Rondón (Arauca), dejó ocho personas muertas, incluida una menor de edad. Con este caso, los registros de prensa y los datos de Medicina Legal suman, al menos, 25 niños y adolescentes fallecidos en siete bombardeos militares desde 2019. Este recuento ha sido clave para que la Fiscalía abra noticia criminal, el Congreso cite a los ministros de Defensa de ambos gobiernos y la Procuraduría y la justicia penal militar revisen el cumplimiento de los protocolos en cada operación.
La cronología de los siete bombardeos ocurridos entre 2019 y 2025 —en Caquetá, Guaviare, Chocó, Amazonas y Arauca— permite dimensionar el alcance de una práctica que ha dejado al menos 25 menores de edad muertos en Colombia. El recuento de fechas, lugares y cifras no solo ilustra la continuidad de la política de bombardeos bajo los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, sino que también aporta elementos clave para las investigaciones de Fiscalía, Procuraduría y organismos internacionales sobre posibles violaciones al DIH y a los derechos de la niñez en contextos de conflicto armado.
