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Cambios apuntan a equidad tributaria
La ponencia favorable al proyecto de reforma tributaria sorprendió al país no por su urgencia —el déficit fiscal lo exige— sino por su pretensión de orientar la carga tributaria hacia quienes más recursos tienen.
El debate deja atrás parte del discurso de “impuestos indiscriminados” y pone sobre la mesa la idea de una tributación progresiva, donde la responsabilidad recaiga sobre personas naturales con altos ingresos y corporaciones.
Para muchos ciudadanos de clase media y sectores populares, la esperanza radica en que la reforma alivie la carga fiscal sobre quienes viven del salario, las microempresas o el comercio informal. Pero esa esperanza va acompañada de inquietudes: ¿la reforma realmente evitará trasladar los costos al consumo, a los servicios o a la inflación?
Desde organizaciones sociales y sindicales se observan con recelo los efectos secundarios: un aumento en el costo de la vida, la presión sobre transporte, energía, bienes esenciales, podría golpear a quienes ya enfrentan dificultades con ingresos volátiles.
Por otro lado, el proyecto prevé medidas de normalización tributaria: regularización de activos omitidos, gravámenes a dividendos y patrimonio, que de aprobarse podrían afectar a grandes fortunas, sectores financieros y empresas de alto rendimiento.
Esa carga a los más acomodados podría traducirse en una mayor recaudación sin afectar directamente al ciudadano común, lo que muchos analistas consideran un paso hacia mayor justicia social. Pero hay preocupación sobre la implementación: la eficacia dependerá de controles estrictos, transparencia y una DIAN fortalecida.
Más allá de cifras, lo que está en juego es la confianza ciudadana: la reforma puede redefinir el contrato social entre Estado y ciudadanos, redistribuyendo responsabilidades y protegiendo a los vulnerables. Pero ese objetivo solo será plausible si el diseño final garantiza progresividad real, no carga adicional sobre los más frágiles.
La discusión que comienza en el Congreso debe tomar en cuenta ese enfoque humano: la tributación es una herramienta, no un castigo. Su diseño define quién paga —y quién se beneficia— de los servicios públicos, la inversión social y la estabilidad del país.
La ponencia positiva para la reforma tributaria no es solo una jugada fiscal: representa una oportunidad histórica para avanzar hacia un sistema más justo, donde quienes más tienen contribuyan más al bienestar colectivo. Pero su impacto dependerá de decisiones políticas responsables, controles públicos y sensibilidad social. En 2025, Colombia tiene la posibilidad de redefinir su sistema impositivo con equidad y transparencia —la pregunta es si aprovechará esa oportunidad.
