Noticias Caleñas El empate 4-4 en la Sala Plena convirtió al conjuez Carlos Pablo Márquez en una pieza clave del ajedrez político alrededor de la reforma pensional
El choque de visiones sobre la reforma pensional no solo se libra en el plano técnico, sino también en el político. La votación empatada en la Corte Constitucional, seguida del llamado a un conjuez, se produjo después de meses de tensión entre el Gobierno de Gustavo Petro y distintos órganos de control. La pensional, presentada como una bandera del “cambio”, terminó convertida en escenario de disputa sobre la separación de poderes y el papel del alto tribunal en la revisión de las grandes reformas.
Desde la Casa de Nariño, el presidente ha cuestionado en varias ocasiones las decisiones de la Corte, en especial cuando ha suspendido normas que considera centrales para su programa. En el caso de la reforma pensional, Petro ha advertido que hundir la ley sería “un insulto” a los trabajadores y a los adultos mayores, y ha insinuado que detrás de las demandas hay motivaciones políticas. Esas declaraciones han generado preocupación entre expertos constitucionalistas, que recuerdan que el control de constitucionalidad es una herramienta diseñada precisamente para proteger los derechos y el equilibrio institucional.
Del lado de la oposición, la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal fue presentada como un triunfo en defensa de la imparcialidad judicial. La senadora Paloma Valencia y otros demandantes insistieron en que sus vínculos con Colpensiones y con el propio presidente podían minar la confianza en el fallo. Al prosperar la recusación y producirse el empate, esos sectores consolidaron la idea de que la reforma sigue lejos de ser un hecho cumplido y que aún es posible frenar o modificar sustancialmente el proyecto.
La elección del conjuez Carlos Pablo Márquez también tiene lectura política. Aunque su rol es técnico y su voto debe responder al análisis del expediente, Márquez fue postulado por uno de los magistrados titulares y forma parte de una lista construida por la propia Corte. Su trayectoria incluye cargos en entidades reguladoras y estudios en universidades nacionales e internacionales, lo que ha generado expectativas sobre un análisis detallado de los efectos económicos y sociales de la ley. Al mismo tiempo, su nombre se incorpora al mapa de actores que influirán en la agenda de reformas del Gobierno.
En Bogotá, el debate se vive también en el Congreso, donde partidos aliados y opositores observan con atención el curso del proceso en la Corte. Si el tribunal llegara a tumbar la reforma por vicios de procedimiento, no solo se caería una ley clave, sino que se abriría un precedente sobre los límites temporales y de contenido en la aprobación de grandes proyectos. Para el Gobierno, significaría reordenar su ruta legislativa; para la oposición, reforzaría el argumento de que varias propuestas oficiales no han cumplido a cabalidad las reglas del juego democrático.
El desenlace también tendrá impacto sobre la percepción ciudadana de las instituciones. Encuestas recientes muestran que, aunque la confianza en la Corte Constitucional ha sido relativamente alta frente a otros órganos, los episodios de confrontación con el Ejecutivo han aumentado la polarización. En barrios de la capital y en ciudades intermedias, el caso se interpreta de formas opuestas: para algunos, la Corte está obstaculizando reformas necesarias; para otros, actúa como un contrapeso frente a decisiones apresuradas. Ese clima influirá en la recepción social del fallo, cualquiera que sea su sentido.
En el plano internacional, observadores y calificadoras de riesgo siguen de cerca la discusión sobre la reforma pensional, al considerarla un indicador de estabilidad institucional y de sostenibilidad del gasto público. Una decisión que confirme la ley podría obligar al Estado a hacer ajustes fiscales y a los mercados a recalcular las expectativas sobre el sistema financiero; un fallo que la tumbe enviaría otro mensaje sobre la fuerza de los controles judiciales en Colombia. De una u otra forma, la Corte Constitucional se reafirma como un actor central en la definición del rumbo económico y político del país.
El caso de la reforma pensional muestra hasta qué punto la relación entre Gobierno, Congreso y Corte Constitucional define la vida cotidiana de los colombianos. El voto del conjuez no solo decidirá el futuro del sistema de jubilaciones, sino que marcará un precedente sobre el alcance del control de constitucionalidad frente a las grandes reformas sociales. En medio de la polarización política, el país espera un fallo que combine rigor jurídico, responsabilidad fiscal y compromiso con los derechos de quienes hoy trabajan y de quienes ya cumplieron su vida laboral.
