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La pareja capturada es señalada de integrar una estructura de extorsión digital que usaría datos privilegiados de empresarios
En la investigación sobre Red-Dot, el nombre elegido por las autoridades para identificar una presunta red de extorsión digital, el caso de la joven rusa detenida en Llanogrande se convirtió en pieza central. La ciudadana Julia Maydankina, con nacionalidad colombiana, y su esposo Hugo Ernesto Romero Páez fueron capturados por el Gaula Militar en una lujosa propiedad del Oriente antioqueño, señalados de integrar una estructura que habría trasladado parte de la intimidación criminal al entorno de las plataformas virtuales y las criptomonedas.
Según los expedientes, durante al menos dos años Red-Dot habría obtenido información privada de empresarios y usuarios de una plataforma digital, aprovechando accesos a sistemas de información, bases de datos o comunicaciones internas. Esa información era luego utilizada para lanzar exigencias económicas: se les pedía entre el 20 y el 50 por ciento de sus ingresos mensuales a cambio de no publicar datos sensibles o no afectar sus negocios. Los pagos, de acuerdo con las fuentes consultadas, se habrían canalizado principalmente en criptomonedas, en un intento por dificultar el rastreo del dinero.
El componente internacional también llama la atención de los investigadores. Maydankina, de origen ruso, aparece vinculada a empresas en Colombia como Marketing Commercial Services SAS, una firma dedicada a actividades de centros de llamadas con sede en Medellín, lo que le habría permitido manejar operaciones de contacto con clientes y flujos de información. En paralelo, su pareja, Romero, se movía en entornos empresariales ligados a cadenas de supermercados y a asesorías contables y financieras, lo que habría facilitado el acceso a redes de contactos y potenciales víctimas.
La captura en Llanogrande no solo puso fin —por ahora— a la etapa de vigilancia sobre la pareja, sino que sirvió como punto de encuentro entre dos líneas de investigación: la de la extorsión digital atribuida a Red-Dot y la del asesinato de Roberto Franco Charry en el parque de la 93. El auditor, que asesoraba a la empresa El Arrozal y Cía. SCA, fue atacado a tiros por un sicario en el parqueadero del edificio donde trabajaba; minutos después, sería trasladado sin éxito a la Clínica del Country. El vínculo con Romero, heredero de la firma y quien lo llevó al centro asistencial, mantiene a los investigadores tratando de entender si la red de extorsión y el crimen callejero tienen relación directa o solo comparten protagonistas.
Para especialistas en cibercrimen, el caso Red-Dot refleja el salto de ciertos grupos criminales hacia esquemas más sofisticados, en los que la violencia directa se combina con la presión económica soportada en filtraciones de datos. El uso de criptomonedas, el manejo de plataformas digitales y la operación desde propiedades de lujo en zonas como Llanogrande son elementos que recuerdan modelos detectados en otros países, donde actores con capacidad técnica transforman el chantaje tradicional en extorsión empresarial de alto impacto.
La respuesta estatal, no obstante, sigue descansando en figuras jurídicas clásicas como la extorsión, el acceso abusivo a sistemas informáticos y la utilización indebida de información privilegiada. La diferencia, destacan analistas, es que ahora estas conductas se mezclan con estructuras empresariales legítimas, contactos internacionales y capas de tecnología que obligan a las autoridades a coordinar unidades de ciberseguridad, inteligencia financiera y unidades de Gaula para lograr capturas como la de Antioquia.
Mientras se define si habrá más capturados y si se identifican otros miembros de Red-Dot, el proceso de Maydankina y Romero avanza en Medellín. Por el momento, él permanece privado de la libertad y ella bajo detención domiciliaria, mientras la Fiscalía presenta elementos sobre la forma en que se habría recolectado la información sensible y se habría presionado a los empresarios. La defensa se mantiene en desacuerdo con esa lectura y asegura que la extorsión nunca existió, que se trata de conflictos mercantiles y que la pareja está dispuesta a aclarar punto por punto sus operaciones financieras.
El caso de Red-Dot, la supuesta red de extorsión digital que tendría su base en una mansión de Llanogrande, Antioquia, y su posible conexión con el asesinato de Roberto Franco Charry en la zona rosa de Bogotá, pone sobre la mesa los retos del país frente al cibercrimen empresarial. A medida que avanzan las audiencias contra Julia Maydankina y Hugo Romero, las autoridades buscan descifrar el alcance real de la organización, el papel de las criptomonedas y el impacto de estas prácticas en la seguridad de los negocios en Colombia, especialmente en plazas clave como Bogotá, Medellín y el Oriente antioqueño.
