Noticias Caleñas Señal de reconciliación o táctica
El gesto de Petro —invitar a Uribe a presentarse juntos ante la JEP— combina un alto simbolismo con potencial impacto institucional. Ocurrió en un foro regional, con audiencia nacional atenta.
El momento elegido no es casual: recientes decisiones judiciales reimpulsaron a Uribe y tensaron la discusión sobre reformas y posibles vías constitucionales. La pregunta clave es: ¿es jurídicamente posible y políticamente rentable?
El simbolismo es evidente: un presidente que invita a su antagonista histórico a la justicia transicional centra la atención en la verdad como bien público. En el calendario político, con 2026 en el horizonte, el uribismo retoma protagonismo; la invitación podría buscar reencuadrar la conversación.
Desde el punto de vista jurídico, la JEP tiene competencias y reglas de acceso definidas; no todo actor político puede acudir bajo cualquier modalidad. En términos de costo-beneficio, si Uribe declina, Petro capitaliza el mensaje de verdad; si acepta o se abre un canal de diálogo, el presidente marca la agenda.
Existen riesgos: si la propuesta se percibe inviable, podría interpretarse como distracción o retórica exagerada. El encuadre de “cuidar a Uribe y a su familia” genera desconcierto en bases propias, aunque podría ampliar el terreno hacia votantes de centro. Además, la JEP vuelve al centro del debate, lo que exige pedagogía sobre sus competencias y límites.
El “vamos a la JEP” es, por diseño, un movimiento comunicativo de alto voltaje; su traducción jurídica es menos inmediata. De aquí en adelante, el terreno decisivo será el de los procedimientos y las percepciones públicas.
