Noticias Caleñas 
Proceso en Catar enfrenta contradicciones y desafíos estructurales
La simultaneidad entre operativos policiales de alto impacto contra el Clan del Golfo y las conversaciones de paz que el gobierno mantiene con sus líderes en Catar plantea interrogantes sobre la estrategia oficial y las dinámicas internas de la organización criminal más grande de Colombia. Los datos revelan un patrón que analistas consideran inusual: narcotraficantes de segundo nivel que operaban en las sombras están siendo capturados gracias a información que difícilmente estaría disponible sin cooperación interna.
La hipótesis que gana fuerza entre investigadores es que el Clan del Golfo podría estar entregando estratégicamente a operadores financieros y coordinadores logísticos para preservar el poder de sus cabecillas en las zonas de mayor control territorial. Esta táctica no sería nueva en procesos de negociación con grupos armados ilegales en Colombia, donde históricamente se han presentado depuraciones internas disfrazadas de cooperación con la justicia.
El contexto político añade complejidad al escenario. Con menos de un año restante del mandato de Gustavo Petro, las posibilidades de alcanzar un acuerdo integral se reducen, mientras el Congreso no aprueba la ley de sometimiento necesaria para ofrecer beneficios jurídicos al grupo. La pregunta central es si estos operativos fortalecen o debilitan el proceso de paz, y qué implica para la estabilidad territorial que el clan mantenga en 15 departamentos y más de 300 municipios.
El análisis de los casos recientes revela un modus operandi particular. Rubén Darío González Hoyos, alias Secre, operaba desde 2024 con droguerías legalmente constituidas, manejando el flujo financiero de la estructura Juan de Dios Úsuga. Su captura se produjo gracias a testimonios de militantes del clan que la Fiscalía presentó en audiencia. La pregunta que surge es: ¿por qué miembros activos del grupo proporcionarían información tan detallada sobre su propio sistema financiero?
Una interpretación posible es que el Clan del Golfo esté implementando una estrategia de sacrificio controlado. Al entregar a operadores de nivel medio-alto que conocen rutas, contactos y métodos de lavado, la cúpula podría estar buscando dos objetivos simultáneos: demostrar buena voluntad ante el gobierno en las negociaciones y eliminar eslabones que podrían convertirse en testigos problemáticos en el futuro. Esta lectura cobra sentido cuando se observa que todos los capturados pertenecían a la misma subestructura.
El caso de Pablo Felipe Prada Moriones ilustra la sofisticación de las operaciones que están siendo desmanteladas. Mover 150 mil millones de pesos en un año requiere una red compleja de cómplices, infraestructura tecnológica y conocimiento especializado. Que un informante interno haya entregado datos sobre 820 transacciones específicas y tokens de billeteras virtuales sugiere acceso a información de alto nivel. La pregunta es si esta cooperación es espontánea o forma parte de una negociación implícita.
Los expertos en conflicto armado y criminalidad organizada señalan precedentes históricos. Durante las negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia en la administración Uribe, se documentaron casos de “limpieza interna” donde jefes paramilitares eliminaban o entregaban a miembros considerados problemáticos. La diferencia en el caso actual es que las entregas parecen estar dirigidas específicamente contra la estructura financiera y de lavado, no contra el componente armado.
Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, ha documentado que el Clan del Golfo aumentó sus integrantes en un 165% entre 2018 y 2025. Esta expansión acelerada implica que la organización ha incorporado muchos operadores nuevos que quizás no tienen la misma lealtad que los fundadores. Entregar a estos “nuevos ricos” del narcotráfico podría ser una forma de consolidar el poder de los cabecillas históricos y simplificar la estructura antes de un eventual sometimiento.
El contexto de las negociaciones en Catar añade otra capa de análisis. El gobierno de Gustavo Petro designó a Álvaro Jiménez Millán como jefe de la delegación, un exguerrillero del M-19 con experiencia en procesos de paz. El Clan del Golfo nombró como vocero al abogado penalista Ricardo Giraldo Cifuentes, quien ha representado a varios paramilitares. Esta composición sugiere que ambas partes están preparadas para discusiones jurídicas complejas sobre sometimiento, beneficios y clasificación legal del grupo.
Sin embargo, la ausencia de una ley de sometimiento aprobada por el Congreso limita severamente lo que el gobierno puede ofrecer. La Corte Constitucional ya declaró inexequible que fuera “el juicio del Gobierno” el que definiera los términos del sometimiento, estableciendo que esta decisión corresponde al legislativo. Con el Congreso dominado por fuerzas de oposición al gobierno Petro, las posibilidades de aprobar esta ley antes de agosto de 2026 son inciertas.
El análisis de la evidencia disponible sugiere que estamos ante un proceso complejo donde convergen múltiples intereses. El Clan del Golfo podría estar usando las delaciones como moneda de cambio en las negociaciones, sacrificando operadores financieros para proteger a su cúpula militar y mantener el control territorial. El gobierno, por su parte, puede capitalizar estas capturas como resultados concretos de su política de seguridad mientras dialoga sobre paz.
La contradicción inherente a este escenario es que el proceso podría estar debilitando la capacidad financiera del clan sin desarticular su estructura de poder real, lo que cuestionaría la sostenibilidad de cualquier acuerdo futuro. Los próximos meses serán críticos para determinar si estas capturas conducen a un sometimiento genuino o simplemente reconfiguran las dinámicas de poder dentro de la organización criminal más poderosa de Colombia, cuya presencia se extiende por 15 departamentos y afecta directamente a millones de colombianos.
