Noticias Caleñas El despliegue de barcos y aviones de Estados Unidos se siente en puertos, aeropuertos y comunidades costeras de países que apoyan el operativo
En varios puntos del Caribe, la presencia militar de Estados Unidos ya no es una noticia lejana. Desde las costas de Trinidad y Tobago hasta los muelles de República Dominicana y Panamá, los habitantes de zonas portuarias tienen como nuevo telón de fondo la silueta de cruceros, destructores y buques anfibios que hacen parte del despliegue naval ordenado por Washington. El operativo, respaldado por un grupo de países latinoamericanos, se presenta como una ofensiva contra el narcotráfico, pero también modifica rutinas y percepciones en comunidades que viven de la pesca, el turismo y el comercio marítimo.
En Trinidad y Tobago, el aliado más visible de la operación, pescadores y trabajadores portuarios han relatado a medios locales que ahora conviven con un aumento en las patrullas, controles y sobrevuelos de aeronaves militares.
Aunque la primera ministra defiende el despliegue como un esfuerzo legítimo contra las redes de narcotráfico, parte de la población se pregunta si esta mayor presencia puede traer consigo riesgos, como incidentes marítimos o la percepción de que el país se convierte en escenario de una disputa mayor entre Caracas y Washington.
En Guyana, cuyo respaldo al despliegue está ligado a la disputa territorial con Venezuela por el Esequibo, comunidades del litoral atlántico siguen con atención las novedades del operativo.
Para muchos habitantes, la preocupación se mueve en dos planos: por un lado, la posibilidad de que la presencia estadounidense disuada una escalada con Venezuela; por otro, el temor a que la zona se militarice aún más, afectando actividades económicas y generando incertidumbre sobre el futuro de la región.
En República Dominicana, donde el gobierno anunció una cooperación más profunda con la DEA y reportó incautaciones vinculadas a la operación ‘Lanza del Sur’, pescadores y dueños de pequeñas embarcaciones señalan que se han intensificado los controles en alta mar.
Aunque reconocen la importancia de combatir el tráfico de drogas, algunos se quejan de demoras y revisiones frecuentes que afectan sus jornadas de trabajo y elevan los costos de operación. La autoridad insiste en que estos filtros son necesarios para mantener al país fuera de las rutas de la cocaína.
En Panamá, las maniobras militares se complementan con la rutina de tránsito del Canal y las operaciones comerciales diarias. El gobierno ha reiterado que la cooperación con Estados Unidos se concentra en la lucha contra el narcotráfico y no apunta a una confrontación directa con Venezuela, pero sectores sociales y sindicales recuerdan la larga historia de presencias militares extranjeras en el país y piden transparencia sobre los alcances de los acuerdos firmados en abril.
En El Salvador, la base de Comalapa, donde se han detectado aeronaves estadounidenses de ataque y vigilancia, también tiene impacto local.
Organizaciones de la sociedad civil han planteado preguntas sobre el tipo de operativos que se realizan desde ese punto y sobre los protocolos para evitar incidentes que puedan involucrar a población civil o afectar el tráfico aéreo comercial. El gobierno, sin embargo, enfatiza que se trata de acciones coordinadas dentro del marco de la cooperación en seguridad y que buscan frenar el crimen organizado.
En este contexto, expertos en derechos humanos y desarrollo local insisten en que los países que respaldan el despliegue deberían incluir a las comunidades costeras y a los gobiernos locales en la planificación y evaluación de la operación. Señalan que, además de medir resultados en toneladas de droga incautada o en buques neutralizados, es clave evaluar los efectos sociales, económicos y ambientales en territorios que ya enfrentan desafíos como la desigualdad, la informalidad laboral y la vulnerabilidad ante el cambio climático.
A medida que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe se afianza con el apoyo de varios países latinoamericanos, las comunidades costeras de Trinidad y Tobago, Guyana, Panamá, República Dominicana y El Salvador se convierten en observadoras directas de una operación que promete combatir el narcotráfico, pero también reconfigura su día a día. Escuchar sus voces y atender sus preocupaciones será determinante para que la estrategia de seguridad regional no pierda de vista a quienes habitan y trabajan en los territorios donde se concentra la nueva presencia militar.
