Noticias Caleñas 
Se discuten contratos sociales y presunto detrimento millonario
Durante la audiencia, la fiscal del caso reitera el contexto en el que se habrían producido los hechos: el periodo en el que Nicolás Petro se desempeñó como diputado de la Asamblea del Atlántico. Según el relato, desde esa posición habría intervenido en procesos de contratación para favorecer a una fundación vinculada al caso, en programas con recursos destinados a la atención de adultos mayores y otras poblaciones vulnerables. El énfasis de la exposición está en mostrar cómo se habrían tomado decisiones administrativas que, a juicio del ente acusador, desbordaron la legalidad.
La Fiscalía enumera los seis delitos por los cuales adelanta la imputación: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio. Cada uno de ellos es explicado con base en actas, documentos y testimonios que obran en el expediente. La fiscal busca dejar claro que se trata de conductas asociadas a un mismo eje: el manejo de contratos y recursos públicos de la Gobernación del Atlántico.
La defensa interviene para recordar que, en audiencias anteriores, el juez había pedido precisiones sobre algunos apartes de la imputación, en particular aquellos relacionados con la forma en que se habría configurado el tráfico de influencias. Para los abogados de Petro, persisten dudas sobre la manera en que la Fiscalía conecta la actuación del exdiputado con la obtención de beneficios para la fundación. A su juicio, los elementos presentados corresponden a decisiones políticas y administrativas, pero no alcanzan el estándar probatorio para configurar un delito.
Uno de los puntos que se repasa es el monto del presunto detrimento patrimonial, que la Fiscalía sitúa en alrededor de 111 millones de pesos. El cálculo tiene en cuenta los recursos asignados a los contratos, las actividades que, según el ente acusador, no se habrían ejecutado plenamente y las inconsistencias encontradas en los soportes. La defensa plantea que la ejecución contractual sí se realizó y que cualquier falta corresponde a aspectos administrativos que no implican apropiación dolosa de recursos.
En paralelo, se recuerda que el caso de Nicolás Petro incluye otros frentes judiciales. El exdiputado enfrenta un proceso previo por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, surgido de la investigación sobre el incremento de su patrimonio entre 2020 y 2023. La nueva imputación por seis delitos se considera, no obstante, un expediente distinto, concentrado en la contratación con la fundación objeto de investigación, aunque ambos procesos se cruzan en el debate público.
En esta sesión, el juez también escucha las explicaciones de la Fiscalía sobre la decisión de retirar el delito de falso testimonio, tomada en diligencias anteriores. El ente acusador señala que los hechos inicialmente asociados a esa conducta ya estaban cubiertos por las figuras de falsedad ideológica y documental, por lo que optó por ajustar el pliego para evitar duplicidades. Para el despacho, la aclaración es relevante porque muestra cómo se ha ido depurando el caso a lo largo de las distintas audiencias.
Finalmente, la audiencia se encamina al momento en el que se le pregunta formalmente a Nicolás Petro si acepta o no los cargos que se le imputan. En diligencias recientes, el exdiputado ha reiterado que no admite responsabilidad en ninguno de los delitos y que considera infundados los señalamientos. Lo que se resuelva en esta etapa quedará registrado en el acta de audiencia y será la base para la siguiente fase procesal, en la que también se evaluará la petición de medida de aseguramiento elevada por la Fiscalía.
Concluida esta fase de la audiencia en Barranquilla, el proceso contra Nicolás Petro avanza con un expediente más depurado, pero aún lleno de interrogantes sobre la contratación de programas sociales en la Gobernación del Atlántico. La formalización de la imputación de cargos y la decisión del exdiputado de no aceptarlos marcarán el ritmo de las próximas actuaciones en el Juzgado 14 Penal Municipal.
Para quienes siguen el caso, las siguientes citas en los estrados de Barranquilla serán determinantes para aclarar el alcance de los seis delitos imputados y el papel de la fundación investigada. El futuro judicial de Nicolás Petro continuará definiéndose en la capital del Atlántico, al tiempo que el expediente se consolida como uno de los procesos más observados del país.
