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Dilema del salario mínimo revela contradicciones económicas profundas
La discusión sobre el salario mínimo 2026 trasciende una simple negociación de ajuste anual y revela tensiones estructurales entre política social y sostenibilidad económica en Colombia. El comportamiento inflacionario de los últimos meses evidencia las consecuencias de decisiones previas, mientras la propuesta de aumentos superiores al 10% plantea interrogantes sobre la coherencia entre distintas políticas públicas.
El análisis del director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, identifica un patrón preocupante: la inflación había descendido, se estancó y ahora vuelve a subir por cuatro meses consecutivos. Este comportamiento no es casual, sino que responde a presiones derivadas del déficit fiscal y aumentos salariales previos que han limitado el espacio de maniobra del Banco de la República.
La brecha entre la recomendación técnica del 6-7% y la propuesta política del 11% ilustra una desconexión más profunda. Por un lado, existe la necesidad legítima de recuperar poder adquisitivo de los trabajadores formales; por otro, la realidad macroeconómica impone restricciones que, de ignorarse, podrían generar efectos contraproducentes precisamente sobre los sectores que se busca proteger.
La relación entre salario mínimo e inflación funciona como un mecanismo de retroalimentación que merece análisis cuidadoso. Aumentos salariales excesivos en sectores intensivos en mano de obra se trasladan a precios de servicios, alimentando nuevas presiones inflacionarias. Este ciclo, una vez iniciado, resulta difícil de romper sin costos significativos en términos de empleo formal y crecimiento económico.
La decisión del Banco de la República de mantener altas las tasas de interés refleja las consecuencias de decisiones fiscales y salariales previas. Mejía señala que los riesgos inflacionarios asociados con el déficit fiscal y aumentos salariales del 11% se han materializado, quitándole espacio a la autoridad monetaria para reducir tasas. Esta situación ilustra cómo distintas políticas públicas pueden generar efectos contradictorios cuando no están coordinadas.
El concepto de productividad laboral resulta central en este debate. Con cifras estimadas entre 0% y 1%, la economía colombiana muestra signos de estancamiento que limitan la capacidad de absorber aumentos salariales significativos sin efectos negativos. La productividad baja responde a factores estructurales: inversión débil, incertidumbre regulatoria y deficiencias en educación y tecnología. Ignorar esta realidad en la fijación salarial equivale a negar restricciones económicas fundamentales.
El argumento de que aumentar el salario mínimo estimula la demanda y beneficia a los empresarios mediante mayores ventas contiene verdades parciales que requieren matices. Si bien el incremento del ingreso genera demanda adicional, este efecto positivo puede verse contrarrestado por la destrucción de empleo formal si los costos laborales superan la capacidad de pago de las empresas. El resultado neto depende críticamente de la magnitud del ajuste y del contexto macroeconómico.
La reforma laboral reciente añade una capa adicional de complejidad. Al incrementar costos de contratación formal justo cuando se discute un aumento salarial significativo, se genera un efecto acumulativo que puede acelerar la informalización del mercado laboral. Esta paradoja merece atención: políticas diseñadas para proteger trabajadores pueden, paradójicamente, empujarlos hacia la informalidad si no consideran restricciones de mercado.
El comportamiento histórico muestra patrones reveladores: en años electorales, los aumentos del salario mínimo tienden a ser mayores que en años regulares. Si bien esto responde a lógicas políticas comprensibles, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de usar el salario mínimo como instrumento de política redistributiva sin considerar efectos sobre formalidad, inflación y crecimiento de largo plazo.
El dilema del salario mínimo 2026 encapsula tensiones más amplias sobre el modelo de desarrollo económico colombiano. La pregunta central no es simplemente cuánto debe subir el salario, sino cómo equilibrar objetivos redistributivos con restricciones macroeconómicas reales. Ignorar estas restricciones puede generar efectos perversos que terminen perjudicando a quienes se busca proteger.
La solución requiere una visión integral que vaya más allá del ajuste anual del salario mínimo. Es necesario abordar factores estructurales como productividad, inversión, calidad educativa y ambiente de negocios. Solo así será posible generar aumentos sostenibles del ingreso real sin comprometer estabilidad macroeconómica ni formalidad laboral. La negociación de diciembre determinará si prima la visión de corto plazo o la sostenibilidad de largo plazo.
