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Cambio estratégico del gobierno genera controversias múltiples
El bombardeo en Guaviare que causó la muerte de siete menores de edad expone las contradicciones inherentes al conflicto armado colombiano y plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias militares en contextos donde grupos ilegales reclutan niños como combatientes.
Las declaraciones de la senadora Isabel Zuleta posterior al operativo revelan cómo tragedias humanitarias se transforman rápidamente en armas políticas. Su intento de responsabilizar a sectores de oposición por las muertes generó rechazo transversal, evidenciando que la politización de víctimas infantiles resulta inaceptable para el espectro político colombiano.
Este incidente representa un punto de inflexión en el gobierno Petro, quien prometió en campaña evitar bombardeos en campamentos con presencia de menores. El cambio de postura refleja tensiones entre compromisos electorales y realidades operativas del conflicto armado.
El caso plantea un dilema ético fundamental: cómo responder militarmente a grupos armados que deliberadamente reclutan menores como estrategia de guerra. Los grupos ilegales explotan la protección que el derecho internacional otorga a niños, convirtiéndolos en escudos humanos. Las autoridades militares enfrentan entonces decisiones imposibles entre proteger soldados o arriesgar causar víctimas infantiles.
La postura de Isabel Zuleta demuestra una lectura simplista de realidades complejas. Atribuir responsabilidad exclusivamente a quienes solicitan acciones militares ignora que grupos como las disidencias de Iván Mordisco cometen el crimen de guerra del reclutamiento infantil. Esta narrativa polarizante obstaculiza análisis serios sobre estrategias efectivas para proteger menores en zonas de conflicto.
La reacción política transversal contra Zuleta revela límites claros en la politización de tragedias. Incluso figuras cercanas al gobierno como Beto Coral y el sargento retirado Alexander Chala criticaron a la senadora. Esta unanimidad sugiere que existen líneas rojas en el debate político colombiano que no pueden cruzarse sin consecuencias.
El gobierno Petro enfrenta contradicciones entre su discurso de paz total y la escalada de operaciones militares. En dos años ha ordenado trece bombardeos, incluyendo este que resulta el más letal. Este viraje estratégico responde al deterioro de negociaciones con grupos armados y presiones por resultados en seguridad ante el aumento de violencia regional.
La defensa presidencial invocando el derecho internacional humanitario genera cuestionamientos legales. Expertos debaten si atacar campamentos donde hay menores reclutados viola el principio de distinción entre combatientes y civiles. Organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado preocupación por estas operaciones.
El reclutamiento forzado de menores representa una tragedia que antecede al bombardeo. Los siete niños muertos fueron víctimas dos veces: primero del reclutamiento ilegal y luego del operativo militar. Esta doble victimización evidencia fallas estructurales del Estado colombiano en proteger infancia en territorios controlados por grupos armados.
La respuesta institucional ha sido fragmentada. Mientras Defensa justifica la operación como necesaria, la Defensoría del Pueblo la califica de inhumana. Esta descoordinación refleja ausencia de consensos sobre cómo equilibrar objetivos militares con protección de derechos humanos en conflictos donde líneas entre combatientes y víctimas se difuminan.
Este incidente evidencia la urgencia de desarrollar estrategias integrales que vayan más allá de soluciones militares. Prevenir reclutamiento infantil requiere presencia estatal efectiva en territorios abandonados, oportunidades educativas y económicas para jóvenes vulnerables, y desmantelamiento de redes que facilitan reclutamiento. La polarización política generada por declaraciones como las de Zuleta obstaculiza estos debates necesarios. Colombia necesita superar narrativas simplistas que asignan culpas partidistas y enfocarse en soluciones estructurales que protejan efectivamente a menores en zonas de conflicto, mientras responsabiliza legalmente tanto a grupos armados por reclutar como a autoridades por operaciones que violan protecciones internacionales.
