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El debate en la Cámara volvió a poner al centro a Guaviare, Amazonas, Arauca y otros departamentos golpeados por la guerra
Aunque el debate de control político se libró bajo las luces del salón elíptico, la historia de fondo transcurre lejos de Bogotá, en las riberas de los ríos amazónicos, en trochas selváticas y en caseríos donde el sonido de los aviones de combate se confunde con el miedo cotidiano. La representante Catherine Juvinao llevó al Congreso cifras que, más allá de los números, recuerdan que al menos 42 menores de edad han muerto en operaciones de la Fuerza Pública durante el gobierno Petro, la mayoría en departamentos históricamente golpeados por el conflicto armado.
Entre agosto y noviembre de 2025, Medicina Legal documentó 15 menores fallecidos en operativos militares en Guaviare, Amazonas y Arauca. Siete de esos niños murieron en un bombardeo en Calamar (Guaviare), episodio que ya había generado conmoción nacional. Los otros casos están asociados a ataques aéreos en El Retorno (Guaviare), Puerto Santander (Amazonas) y Puerto Rondón (Arauca), lugares donde el conflicto se superpone con la ausencia histórica del Estado y con economías ilegales que facilitan el reclutamiento forzado.
En el Congreso, Juvinao advirtió que las cifras podrían ser mayores. Según los documentos que citó, habría dos bombardeos adicionales en 2023 y 2024 de los que poco se ha hablado y que habrían dejado un menor muerto en cada operación. También mencionó cinco bombardeos sin información consolidada, en Meta, Cauca y Antioquia, donde en su momento se habló de decenas de fallecidos sin que hoy exista un registro público y detallado de quiénes perdieron la vida. En muchos de esos territorios, las familias siguen esperando respuestas mientras el país discute desde la capital.
El drama de las regiones no se limita a las operaciones aéreas. Juvinao expuso que hay 25 menores más que murieron en enfrentamientos con la Fuerza Pública entre 2022 y 2024, en departamentos como Arauca, Atlántico, Chocó, Valle del Cauca, Caquetá y Huila. Detrás de cada caso hay historias de adolescentes reclutados por grupos armados, familias desplazadas, escuelas cerradas y comunidades que, a falta de alternativas, quedan atrapadas entre la presión de los grupos ilegales y la respuesta militar del Estado.
Mientras en Bogotá se cruzan argumentos jurídicos sobre el Derecho Internacional Humanitario, en los cascos urbanos y veredas de estos departamentos se multiplican las preguntas: ¿hubo advertencias previas? ¿Se trató de daños colaterales inevitables? ¿Se pudo suspender la operación ante la sospecha de que había menores reclutados? La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, insistió en el debate en la necesidad de suspender los bombardeos cuando exista riesgo de presencia infantil y recordó que el principio de humanidad debe guiar las decisiones militares.
El presidente Petro respondió que detener los bombardeos podría incentivar a los cabecillas a reclutar más niños para “blindarse” de la acción militar, argumento que ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos que trabajan en terreno. Para ellas, la tensión entre seguridad y protección de la niñez no puede resolverse sacrificando a los menores reclutados a la lógica de la guerra, sino fortaleciendo la prevención, la inteligencia, la presencia institucional y las alternativas económicas en las regiones.
La Procuraduría, por su parte, anunció que revisará cinco casos emblemáticos para determinar si se cumplieron los protocolos, incluyendo la valoración previa del riesgo para menores. Lo que se decida en esos expedientes tendrá impacto directo sobre las comunidades donde ocurrieron los operativos: un eventual reconocimiento de responsabilidades podría abrir la puerta a procesos de reparación y a ajustes en la doctrina militar; un archivo sin consecuencias podría profundizar la sensación de desprotección en los territorios.
Mientras la discusión por los bombardeos en Guaviare, Amazonas, Arauca y otros departamentos avanza en el Congreso, las comunidades de estas regiones esperan que las decisiones no se queden en el papel. Para muchas familias, el llamado de Catherine Juvinao a esclarecer la muerte de 42 menores es también una oportunidad para que el Estado revise su política de seguridad, refuerce la presencia integral en las zonas rurales y garantice que ningún niño o niña de la Colombia profunda vuelva a quedar atrapado entre las balas, las bombas y el silencio institucional.
