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Servidores denuncian más procesos y menos apoyo
La reestructuración que eliminó las unidades Gaula en distintas seccionales y envió a sus fiscales a la Dirección contra el Crimen Organizado no se tradujo solo en un movimiento administrativo. Para muchos funcionarios significó dejar atrás equipos con los que trabajaban desde hace años, cambiar de jefe, aprender nuevas dinámicas y, en algunos casos, recibir una carga de expedientes muy superior a la que manejaban antes. Algunos hablan de cientos de procesos nuevos que se suman a los que ya tenían abiertos.
En la carta enviada a la fiscal general, los trabajadores agrupados en Asonal describen un escenario en el que unos despachos quedaron con más de 1.700 procesos, mientras otros apenas manejan alrededor de 60. Más allá de las cifras, lo que expresan es una sensación de injusticia: se preguntan por qué unos deben enfrentar una montaña de expedientes y otros no, y qué impacto tendrá esa desigualdad en la calidad y los tiempos de las investigaciones que esperan las víctimas.
Entre los manifestantes hay relatos de fiscales que pasan largas jornadas revisando carpetas de secuestro y extorsión, delitos que no solo exigen rigor jurídico, sino también un trato cuidadoso con personas que han vivido amenazas, llamados intimidantes o retenciones. Esos funcionarios saben que detrás de cada número de radicado hay una familia que espera que alguien impulse su caso, cite testigos, pida medidas de protección y no deje dormir el expediente en un archivador.
La preocupación se hace más aguda cuando hablan de los agentes de la Dirección de Protección de la Fiscalía que llevan más de cuatro meses secuestrados por el ELN. Los trabajadores sienten que, si dentro de la propia institución hay víctimas que aún no han sido liberadas, la reestructuración no debería enviar la señal de que los casos de secuestro y extorsión pierden prioridad o se diluyen en una dirección con múltiples frentes.
En el plantón también se escuchan historias de desplazamientos familiares por amenazas, de funcionarios que han cambiado de ciudad para proteger a sus hijos, y de fiscales que han recibido mensajes intimidantes por tocar intereses de estructuras criminales. Para ellos, la eliminación de los Gaula no es un asunto técnico: era en esos equipos donde encontraban soporte, coordinación con la Fuerza Pública y un sentido de misión compartida frente a los grupos que dominan economías ilegales.
Aun así, los funcionarios insisten en que su protesta no busca deslegitimar a la fiscal general ni paralizar la entidad. Lo que piden es ser escuchados, sentarse en una mesa donde puedan explicar cómo se ve la reestructuración desde el escritorio de quien revisa expedientes a diario, desde la oficina regional que recibe a víctimas a las que les cuesta incluso relatar lo que han vivido. Reclaman que las decisiones de alto nivel tengan en cuenta esas realidades humanas.
Al final de la jornada, muchos regresan a sus puestos con la misma carga de trabajo que dejaron unas horas antes, pero con la esperanza de que su mensaje haya llegado a la dirección de la Fiscalía. Saben que el país mira con lupa el desempeño del ente acusador y que cada decisión tiene efectos en la vida de quienes sufren delitos. Por eso, su llamado no se limita a mejores condiciones internas: es un clamor para que la justicia siga siendo una herramienta real de protección en Bogotá y en todo el territorio nacional.
Mientras la Fiscalía define si ajusta o mantiene la reestructuración, los funcionarios que se manifestaron frente al búnker seguirán atendiendo a víctimas de secuestro y extorsión, revisando expedientes y enfrentando amenazas. Su petición es clara: que las decisiones administrativas no borren el componente humano de la justicia ni conviertan sus jornadas en una carrera imposible contra la sobrecarga.
El eco de la frase “la estamos pasando mal” resume un sentir que va más allá de un sindicato. Es la forma en que quienes sostienen el funcionamiento diario de la Fiscalía piden que su experiencia y sus riesgos sean tenidos en cuenta en cualquier cambio estructural que se adopte en Colombia.
