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Bombardeos revelan cambio en política de seguridad
El bombardeo autorizado por el presidente Gustavo Petro contra estructuras del Frente 28 en Arauca representa la consolidación de un cambio estratégico en la política de seguridad del gobierno colombiano. La intensificación de operaciones militares durante 2025, con ocho bombardeos ejecutados, marca un contraste con la postura inicial de diálogo que caracterizó el inicio de la administración en 2022.
Este giro táctico responde al colapso de las negociaciones con las disidencias del Estado Mayor Central, cuya ruptura el año pasado provocó el levantamiento del cese al fuego bilateral y la agudización de los enfrentamientos. El objetivo de la operación más reciente, Omar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, simboliza el perfil de liderazgo que las disidencias han consolidado en zonas fronterizas críticas.
La decisión presidencial de autorizar directamente cada bombardeo, como lo reconoció Petro públicamente, evidencia la sensibilidad política de estas operaciones. El mandatario asume personalmente la responsabilidad de acciones que, según sus palabras, pueden afectar a menores reclutados si la inteligencia militar falla, reconociendo así los dilemas éticos y operativos de la confrontación armada.
La trayectoria de Antonio Medina ilustra la evolución de las disidencias de las FARC como estructura criminal. Su transición desde las filas de la guerrilla original hasta el liderazgo del Frente 28 refleja cómo individuos con experiencia militar se reorganizaron para mantener control territorial y operaciones de narcotráfico tras rechazar el acuerdo de paz de 2016. Esta continuidad operativa desafía la premisa de que la desmovilización de las FARC significaría el fin del conflicto armado.
El perfil criminal atribuido a Medina combina tácticas guerrilleras tradicionales con operaciones de crimen organizado. Las autoridades lo vinculan con extorsiones sistemáticas, secuestros y narcotráfico transfronterizo, una hibridación que complica la respuesta estatal. Esta mezcla de ideología residual y motivación económica caracteriza a las disidencias como actores distintos a la guerrilla histórica, más cercanos a carteles con capacidad militar.
La intensificación de bombardeos durante 2025 sugiere una recalibración de la estrategia gubernamental tras el fracaso del diálogo. Las trece operaciones autorizadas por Petro desde 2022, con concentración en el último año, indican que el gobierno ha privilegiado la presión militar como respuesta a la falta de voluntad negociadora de las disidencias. Este patrón contrasta con el discurso de “paz total” que marcó el inicio de la administración.
La ubicación geográfica de las operaciones revela los desafíos geopolíticos de la estrategia militar. Arauca y Guaviare, departamentos limítrofes con Venezuela, ofrecen a los grupos armados la posibilidad de refugio transfronterizo. Esta dinámica, reconocida por el presidente al advertir que “corren fuerzas hacia allá”, limita la efectividad de operaciones puntuales si no se acompaña de cooperación binacional efectiva.
La situación interna del Frente 28, marcada por episodios como las represalias tras la muerte de alias Alexa, sugiere fracturas y desconfianza dentro de la organización. La información de inteligencia sobre miembros que facilitaron su ubicación a cambio de dinero indica vulnerabilidades que las autoridades pueden explotar. Sin embargo, estas dinámicas internas también generan ciclos de violencia que afectan a la población civil y complican esfuerzos de desmovilización individual.
La insistencia presidencial en asumir personalmente la autorización de bombardeos tiene implicaciones políticas significativas. Al reconocer públicamente los riesgos de afectar menores reclutados, Petro busca diferenciarse de administraciones anteriores criticadas por operaciones con víctimas civiles. Esta postura, sin embargo, no elimina los cuestionamientos sobre la efectividad de bombardeos como estrategia de largo plazo para desmantelar estructuras criminales arraigadas territorialmente.
La coordinación de estas operaciones con acciones contra redes internacionales de narcotráfico, como las capturas en Medellín destacadas por Petro, sugiere un enfoque integrado contra la economía criminal. La articulación señalada entre el Frente 28 y redes de tráfico internacional, así como la conexión con estructuras como el Clan del Golfo, indica que el gobierno busca atacar simultáneamente la capacidad militar y financiera de estos grupos.
El bombardeo contra Antonio Medina y su estructura representa un momento definitorio en la política de seguridad del gobierno Petro. La consolidación de una estrategia militar ofensiva, tras el agotamiento de la vía del diálogo, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de esta aproximación y su capacidad para transformar dinámicas de violencia que han persistido por décadas en zonas como Arauca. La ausencia de una estrategia integral que combine presión militar con desarrollo territorial y justicia transicional limita las posibilidades de cambios estructurales.
Los resultados pendientes de esta operación serán indicativos de la efectividad del enfoque actual. Sin embargo, la experiencia histórica sugiere que operaciones puntuales, incluso exitosas en neutralizar liderazgos, no garantizan el desmantelamiento de estructuras criminales que se adaptan y reorganizan. El verdadero desafío para el gobierno será articular esta presión militar con iniciativas que aborden las causas estructurales que permiten la persistencia de grupos armados en territorios históricamente abandonados por el Estado.
