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El alcalde Federico Gutiérrez envió una carta al Departamento de Estado, la DEA y el FBI por el evento en La Alpujarra
El llamado “tarimazo” de Medellín no solo se convirtió en un dolor de cabeza jurídico para el presidente Gustavo Petro, sino que escaló a un pulso político dentro y fuera del país. Mientras la Comisión de Investigación y Acusación abrió investigación previa por la presencia de cabecillas en la tarima del evento de Paz Urbana, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, decidió enviar una carta al Departamento de Estado de Estados Unidos, la DEA y el FBI para advertir sobre lo ocurrido en la capital antioqueña.
En la misiva, Gutiérrez describió el acto en La Alpujarra como una señal preocupante para la institucionalidad y para las víctimas de la violencia en el Valle de Aburrá. Sostuvo que el Gobierno nacional estaría favoreciendo directa o indirectamente a las estructuras criminales al exhibir en tarima a jefes condenados por delitos como homicidio, narcotráfico, desaparición forzada, uso de menores para delinquir y extorsión, entre otros. Según el alcalde, ese gesto representa una “revictimización” de quienes han sufrido sus acciones.
El acto de Paz Urbana fue concebido por el Ejecutivo como una vitrina para la estrategia de diálogo con estructuras criminales urbanas. En el discurso oficial, la presencia de los cabecillas en la tarima buscaba simbolizar su compromiso con procesos de desarme y sometimiento a la justicia. Sin embargo, las imágenes de los jefes en primera fila, con gorras alusivas al proceso y rodeados de autoridades, generaron una fuerte reacción de sectores políticos, organizaciones de víctimas y buena parte de la opinión pública.
La investigación abierta por la Comisión de Acusación se centra en determinar si el presidente pudo incurrir en faltas disciplinarias o delitos relacionados con la organización del acto, incluida la coordinación con el Inpec para sacar a los reclusos de la cárcel de Itagüí y el eventual uso irregular de recursos públicos. Paralelamente, la carta de Gutiérrez a las autoridades estadounidenses busca sumar presión internacional sobre la forma en que se está desarrollando la política de paz urbana en Medellín.
Desde el Gobierno, voceros han defendido la estrategia de paz urbana como una herramienta legítima para reducir homicidios y otros delitos en el Valle de Aburrá, insistiendo en que el diálogo con estructuras armadas ha sido usado en otras experiencias de paz en Colombia. También han señalado que los permisos de traslado de reclusos se expidieron dentro del marco legal, en coordinación con el Inpec, y que el objetivo del acto fue presentar compromisos verificables de desescalamiento de la violencia.
En el otro extremo, sectores de oposición y analistas critican lo que consideran una línea difusa entre la búsqueda de la paz y la legitimación de estructuras criminales. Algunos señalan que poner a cabecillas en una tarima presidencial, transmitida por medios públicos, pudo enviar un mensaje de poder a sus organizaciones y minar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Otros advierten que la participación de actores armados sin marcos claros de sometimiento puede debilitar procesos penales en curso.
El debate alrededor del tarimazo se ha convertido en un símbolo del momento político que vive el país: de un lado, un Gobierno que apuesta por fórmulas de paz ampliadas, incluso con estructuras del crimen organizado; del otro, autoridades locales, opositores y analistas que temen que ese camino atraviese umbrales jurídicos y éticos delicados. La investigación de la Comisión y la discusión pública que la acompaña definirán en buena medida hasta dónde puede llegar la política de Paz Urbana en Medellín sin comprometer la legitimidad del Estado.
La combinación de una investigación previa en la Comisión de Acusación y la carta de Federico Gutiérrez a autoridades de Estados Unidos convierte el “tarimazo” de Medellín en un caso emblemático del pulso político en Colombia. Mientras el Gobierno defiende la Paz Urbana como vía para reducir la violencia, sectores críticos advierten riesgos de legitimación de cabecillas y revictimización. Lo que ocurra con este expediente marcará un precedente en la relación entre Medellín, el Gobierno Petro y la política de seguridad urbana.
