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La Fiscalía evalúa posibles fallas en la manipulación de un fusil tipo Galil
La muerte de Liliana Cruz en Chiscas, Boyacá, no solo ha generado conmoción entre los habitantes del municipio, sino que también ha puesto bajo la lupa los protocolos de la Policía Nacional sobre el manejo de armas de dotación en contextos distintos al operativo. El disparo que acabó con la vida de la joven trabajadora social provino de un fusil tipo Galil asignado al subteniente Haminton Ruiz, comandante de la Estación local, y habría ocurrido cuando el oficial manipulaba el arma en su vivienda, según la versión de la defensa.
De acuerdo con fuentes consultadas por medios regionales, la zona se encontraba en estado de alerta debido a un supuesto hostigamiento contra el Batallón de Alta Montaña Nº 2, ubicado en jurisdicción cercana. En ese contexto, los uniformados habrían recibido la instrucción de mantener sus armas listas, lo que incrementa el riesgo de incidentes si no se cumplen de forma estricta los protocolos de manejo seguro. El caso abre interrogantes sobre hasta qué punto la presión operativa puede llevar a flexibilizar prácticas básicas como el descargue, aseguramiento y almacenamiento adecuado de las armas.
La Fiscalía investiga si hubo negligencia o imprudencia grave en la conducta del subteniente, elementos clave para determinar si se configura el delito de homicidio culposo. Uno de los puntos centrales será establecer en qué condiciones estaba el fusil al momento del disparo: si tenía seguro, si estaba cargado con bala en recámara y si se encontraba o no dentro de un escenario que justificara su porte activo. La posibilidad de que la investigación derive en una acusación por feminicidio también está sobre la mesa, aunque por ahora la defensa insiste en que no hubo intención de causar la muerte.
Este tipo de incidentes revelan vacíos en el control institucional sobre el uso de armas largas por parte de mandos medios en municipios apartados. En muchas de estas localidades, los comandantes combinan labores administrativas, patrullajes y convivencia cotidiana con sus familias, lo que hace más difusa la frontera entre la vida privada y el servicio activo. Analistas en temas de seguridad señalan que se requieren protocolos específicos que definan cuándo un fusil puede ingresar a una vivienda, bajo qué condiciones y qué medidas se deben tomar para evitar que un disparo accidental tenga consecuencias fatales.
La tragedia también ha reactivado la discusión sobre el enfoque de género en las fuerzas armadas y de policía. Aunque la institución ha adoptado lineamientos para prevenir y atender casos de violencia contra las mujeres, organizaciones feministas recuerdan que cuando el agresor —o responsable del daño— es un agente del Estado armado, la asimetría de poder se profundiza. De ahí la insistencia en que investigaciones como la de Chiscas se desarrollen con total transparencia, sin corporativismos, y que se garantice acompañamiento psicosocial y jurídico a la familia de la víctima.
Para la Policía Nacional, la muerte de la joven representa un reto en términos de legitimidad ante la opinión pública, especialmente en territorios donde la presencia estatal es limitada. El mensaje que quede después de la investigación será determinante: un fallo contundente frente a eventuales fallas enviaría una señal de corrección y control interno; por el contrario, la percepción de impunidad podría aumentar la desconfianza ciudadana y alimentar la idea de que las armas oficiales pueden convertirse en un riesgo dentro de los hogares.
En medio de este panorama, expertos recomiendan fortalecer la formación de los uniformados en aspectos técnicos de balística y seguridad de armas, pero también en habilidades emocionales para manejar el estrés operativo. La combinación de fusiles cargados, turnos exigentes y tensión por amenazas en el territorio, sin herramientas adecuadas de autocuidado, aumenta la probabilidad de errores humanos. El caso de Chiscas, más allá de su desenlace judicial, podría convertirse en un punto de inflexión para revisar y actualizar la doctrina institucional sobre el porte de armas de dotación en contextos rurales como los de Boyacá.
La investigación por la muerte de Liliana Cruz en Chiscas, Boyacá, vuelve a poner en debate la seguridad en el manejo de armas de dotación dentro de la Policía Nacional. En un país con presencia de la Fuerza Pública en casi todos los municipios, el caso sienta un precedente clave sobre responsabilidad, protocolos y enfoque de género en el uso de fusiles oficiales. Lo que defina la justicia será determinante para la confianza ciudadana y para las futuras reformas en capacitación y control interno de los uniformados en Colombia.
