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Conflicto entre protección salarial y viabilidad empresarial
La solicitud presentada por el gremio de distribución de combustibles revela una tensión estructural entre el sistema de salario mínimo único y las realidades operativas de sectores regulados. La petición de Somos Uno para que se consideren criterios específicos en la negociación 2026 expone una problemática que trasciende al sector: cómo conciliar protección salarial con sostenibilidad empresarial en industrias con restricciones regulatorias.
El caso de las estaciones de servicio ilustra un dilema de política pública. Por un lado, operan bajo márgenes fijos determinados por el gobierno, sin capacidad de trasladar costos al consumidor. Por otro, deben cumplir con incrementos salariales diseñados para un mercado laboral sin considerar estas particularidades. Esta combinación genera una ecuación financiera que se complica con cada ajuste del salario base.
La estructura de costos del sector agrega complejidad al análisis. Con operación 24/7, cada peso adicional en nómina se multiplica por la cantidad de turnos necesarios para mantener la continuidad del servicio. Mientras un comercio tradicional absorbe un incremento salarial sobre una jornada estándar, las estaciones de servicio deben hacerlo sobre múltiples turnos simultáneos, magnificando el impacto financiero.
La situación del sector combustible plantea interrogantes fundamentales sobre el diseño de la política salarial en Colombia. El modelo actual establece un salario mínimo único aplicable a todos los sectores económicos, independientemente de sus características operativas, márgenes de rentabilidad o marco regulatorio. Este enfoque simplifica la administración pero puede generar efectos no deseados en industrias con particularidades estructurales.
Los datos presentados por el gremio permiten dimensionar el desafío. Con 50.000 empleos formales distribuidos en 6.400 establecimientos, el sector maneja un promedio de 7.8 empleados por estación. Esta cifra relativamente baja por punto de venta contrasta con la alta sensibilidad a incrementos de costos, explicable por los márgenes limitados con los que operan estos negocios.
La contracción en la demanda de gasolina corriente observada en 2024 añade presión al análisis. Cuando un sector enfrenta simultáneamente caída en volúmenes de venta, márgenes regulados y presión sobre costos laborales, las opciones de ajuste se reducen significativamente. La teoría económica sugiere que en estas condiciones, las empresas tienden a ajustar empleo antes que cerrar operaciones.
El argumento del sector sobre empleo juvenil y mujeres cabeza de hogar introduce una dimensión social al análisis. Si estos grupos constituyen una proporción importante de la fuerza laboral del sector, las decisiones sobre ajuste de personal no son neutras desde la perspectiva de equidad. Históricamente, trabajadores con menos experiencia o en situación de vulnerabilidad enfrentan mayor riesgo de desvinculación ante presiones financieras.
La propuesta de revisión de márgenes de distribución sugiere que el sector percibe el problema como sistémico más que coyuntural. No se trata únicamente de absorber un incremento salarial específico, sino de cuestionar si el marco regulatorio actual es compatible con las realidades del mercado laboral. Esta posición podría abrir un debate más amplio sobre la coordinación entre política regulatoria y política salarial.
El impacto diferenciado por regiones merece atención analítica. En municipios donde las estaciones de servicio son empleadores principales, su eventual reducción de personal o cierre tiene efectos multiplicadores sobre la economía local. La literatura económica documenta que en localidades pequeñas, la pérdida de un empleador significativo puede desencadenar círculos viciosos de contracción económica.
La tensión entre protección del poder adquisitivo y sostenibilidad empresarial refleja un trade-off clásico de política económica. Incrementos salariales benefician a quienes mantienen su empleo, pero pueden generar desempleo si superan la productividad o capacidad de pago sectorial. El desafío consiste en encontrar el punto de equilibrio donde se maximiza el bienestar agregado, considerando tanto a empleados actuales como potenciales desempleados.
El caso presentado por el sector combustible cuestiona la viabilidad de largo plazo del modelo de salario mínimo único en una economía con sectores heterogéneos. La evidencia internacional muestra diversos enfoques: algunos países mantienen salarios mínimos diferenciados por sector o región, mientras otros establecen mecanismos de compensación para industrias con restricciones particulares. Colombia podría enfrentar la necesidad de evaluar si su modelo actual genera distorsiones que justifiquen ajustes de diseño.
El debate de 2026 probablemente servirá como prueba para determinar si el sistema actual puede acomodar las demandas de sectores con particularidades operativas o si se requieren reformas estructurales. La respuesta influirá no solo en el sector combustible, sino en todas las industrias que operan bajo condiciones similares: márgenes regulados, operación continua y alta intensidad laboral. Las decisiones que se tomen establecerán precedentes para la política salarial de los próximos años.
