Desde las disidencias hasta los despachos oficiales: la historia detrás de los archivos filtrados

Un emisario de las disidencias relata su encuentro con un general

En febrero de 2024, un emisario le escribió una carta a alias Calarcá relatando una reunión clandestina en Bogotá con un general retirado. Según él, ese oficial dijo tener “buena confianza” y propuso montar una empresa de seguridad legal. Esa carta, junto con correos, chats y fotografías incautadas en dispositivos de las disidencias, se han convertido ahora en el núcleo de un escándalo político que podría marcar un antes y un después en la relación entre el Estado y las estructuras ilegales.

El mensajero, hablando bajo reserva con las disidencias, describe cómo el general les ofreció montar una sociedad “mitad y mitad”: ellos pondrían “los muchachos y las armas”, y él conseguiría los permisos legales. Detrás de esa propuesta, relató el emisario, estaba la visión de una “empresa de seguridad” funcionando como fachada, capaz de mover hombres, vehículos blindados y armamento sin levantar sospechas. En los archivos se lee también que el general hablaba de obtener permisos primero para pistolas y luego para fusiles, lo cual encendió alarmas en los disidentes: sabían que estaban construyendo algo más grande que una simple alianza. Los testigos de las disidencias, en su mayoría con identidad protegida, aseguran que gracias a esa relación pudieron evitar operativos militares: recibían alertas sobre bases, batallones y hasta frecuencias de radio para esquivar enfrentamientos. Otra parte de la carta describe que el vínculo no era solo con el ejército, sino con la inteligencia nacional: Wilmer Mejía, apodado ‘El Chulo’, sería el puente entre los disidentes y las estructuras oficiales. El emisario también mencionó reuniones en Venezuela y Bogotá, donde los disidentes y los funcionarios estatales habrían acordado puntos estratégicos para sus operaciones. Según el relato, no solo se discutió la seguridad sino también quién tendría qué parte: “qué por supuesto le tocaba a él (Huertas), qué por supuesto le tocaba a mí, qué por supuesto le tocaba a Richard (Catatumbo), … a Calarcá.” La carta termina con una tensión emocional: los disidentes sabían que los procesos de paz no durarían para siempre. Por eso, la idea no era solo sobrevivir, sino prepararse para un futuro incierto.

Cuando el escándalo estalló, el general Huertas salió a desmentirlo con dureza: calificó las acusaciones como una fabricación que daña su honor. El ministro de Defensa también reaccionó rápidamente, prometiendo que no se tolerará ningún tipo de ilegalidad. Mientras tanto, para algunos jefes disidentes, esta relación representaba una oportunidad legítima: legalizar sus operaciones para sobrevivir en un contexto cada vez más hostil. Otros, sin embargo, están convencidos de que fue una trampa.La Procuraduría ya abrió una investigación preliminar, pero algunos dentro de las disidencias afirman que necesitan más garantías para testificar.

Lo que comenzó como una carta ha desatado una tormenta política y de seguridad. Detrás de cada línea, de cada propuesta, se juega el futuro de la paz y de las instituciones. En este escenario de sombra y señales secretas, el país observa con cautela: ¿acabará esta historia en reconciliación o en división profunda?