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Solución requiere análisis más allá de ideologías
El enfrentamiento público entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro sobre el sistema de salud trasciende una disputa personal y evidencia el choque entre dos concepciones fundamentales sobre el papel del Estado en la economía. Las propuestas presentadas no son meramente técnicas: representan visiones opuestas sobre propiedad, regulación y distribución de recursos en uno de los sectores más sensibles de la política pública colombiana.
El análisis de ambas posiciones revela supuestos subyacentes sobre naturaleza humana, eficiencia organizacional y capacidades estatales. Mientras una perspectiva confía en que los incentivos económicos correctos pueden alinear intereses privados con objetivos públicos, la otra parte del diagnóstico de que la intermediación privada con recursos públicos genera inevitablemente corrupción sistémica.
Comprender las fortalezas y debilidades de cada propuesta requiere examinar evidencia empírica, contexto institucional colombiano y experiencias comparadas en sistemas de salud exitosos a nivel internacional.
La propuesta de Uribe se fundamenta en la teoría económica de incentivos y regulación mediante mercados. Este enfoque asume que los actores privados, ante reglas claras y beneficios adecuados, optimizarán recursos y mejorarán servicios. Los beneficios tributarios funcionarían como subsidios indirectos que internalizarían externalidades positivas: mejor servicio, pago de deudas y estabilidad del sistema. La lógica subyacente es que el problema no radica en la naturaleza privada de las EPS, sino en marcos regulatorios inadecuados.
Los contratos de estabilidad jurídica responden a un problema real de economía política: la alternancia de gobiernos ideológicamente opuestos genera incertidumbre que desincentiva inversión a largo plazo. En sectores que requieren capital significativo y retornos diferidos, esta inestabilidad aumenta percepción de riesgo y costo de capital. La propuesta buscaría aislar el sector salud de vaivenes políticos mediante compromisos contractuales vinculantes.
Sin embargo, este enfoque enfrenta limitaciones importantes en el contexto colombiano. La capacidad regulatoria del Estado ha mostrado históricamente debilidades significativas. Captura regulatoria, donde las entidades supervisadas influyen indebidamente sobre sus supervisores, ha sido documentada en múltiples sectores. Los beneficios tributarios podrían terminar apropiados sin mejoras correspondientes en servicios si los mecanismos de monitoreo y sanción son insuficientes.
La perspectiva de Petro parte de un diagnóstico diferente: el problema no es regulatorio sino estructural. Argumenta que combinar financiación pública con administración privada orientada al lucro crea incentivos perversos inevitables. Las EPS maximizan ganancias negando servicios o retrasando pagos a hospitales, comportamiento racional desde lógica empresarial pero incompatible con el objetivo de salud universal. La única solución sería eliminar el ánimo de lucro mediante control estatal directo.
Este diagnóstico tiene respaldo en literatura sobre economía de la salud que documenta conflictos entre maximización de utilidades y objetivos sanitarios. La información asimétrica entre aseguradoras y pacientes, más la dificultad de medir calidad de atención, genera condiciones donde la competencia de mercado no produce eficiencia. Algunos economistas argumentan que la salud constituye un ejemplo clásico de falla de mercado que justifica intervención estatal significativa.
No obstante, la nacionalización enfrenta sus propios desafíos. La experiencia colombiana con empresas estatales muestra vulnerabilidad a interferencia política, clientelismo en contrataciones y menor eficiencia operativa comparada con sector privado. La Nueva EPS, cuya compra defiende Petro, arrastra problemas que precedieron su nacionalización pero que podrían agravarse bajo gestión pública. Cambiar propiedad no garantiza automáticamente mejor administración si las capacidades institucionales son limitadas.
Un elemento crítico ausente en ambas propuestas es el análisis de experiencias internacionales exitosas. Sistemas como el británico (público puro) y el alemán (aseguradoras sin ánimo de lucro) muestran que diversos modelos pueden funcionar, pero requieren elementos comunes: financiación suficiente, tecnología de información robusta, cultura de rendición de cuentas y continuidad en políticas públicas. Colombia carece de varios de estos requisitos independientemente del modelo elegido.
El debate Uribe-Petro ilustra cómo las discusiones de política pública en Colombia tienden a polarizarse en extremos ideológicos, dificultando soluciones pragmáticas. La evidencia sugiere que sistemas de salud efectivos combinan elementos de ambos enfoques: competencia regulada donde funciona, provisión pública donde es necesaria, y monitoreo constante de resultados.
Colombia necesita trascender posiciones doctrinarias y construir consensos técnicos basados en evidencia. Esto requiere fortalecer capacidades estatales de regulación y gestión antes de decidir si el camino es más mercado o más Estado. Sin instituciones sólidas, cualquier modelo fracasará ante las complejidades inherentes a la provisión de salud en un país diverso y desigual.
