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Discurso histórico choca con decisiones actuales
El bombardeo en Guaviare que dejó siete menores muertos expone una contradicción fundamental en el discurso político del presidente Gustavo Petro y revela las tensiones inherentes entre su propuesta de Paz Total y la realidad operacional del conflicto armado colombiano. La controversia trasciende el hecho puntual para convertirse en un indicador de la complejidad de mantener coherencia entre principios históricos y decisiones ejecutivas.
El análisis del caso evidencia un patrón que varios críticos han identificado: la distancia entre las posiciones de Petro como opositor y sus acciones como mandatario. Durante años, el ahora presidente cuestionó operaciones similares del gobierno Duque, llegando a calificarlas como crímenes de guerra, postura que contrasta con su actual defensa de bombardeos que han dejado víctimas infantiles en doce operaciones de su administración.
Esta situación plantea interrogantes sobre la aplicación práctica del Derecho Internacional Humanitario en contextos donde grupos armados utilizan estratégicamente menores reclutados. El dilema trasciende lo político para adentrarse en cuestiones éticas y operacionales que ningún gobierno colombiano ha logrado resolver satisfactoriamente.
La contradicción identificada por diversos sectores políticos no es meramente retórica sino que refleja la brecha entre la teoría de derechos humanos en oposición y las realidades operacionales del ejercicio del poder. Cuando Petro afirmó en 2020 que conocer de antemano la presencia de menores en un bombardeo constituía un crimen de guerra, estableció un estándar que ahora, desde el poder ejecutivo, encuentra difícil de mantener sin comprometer la seguridad de las tropas.
El argumento presidencial de que la operación buscaba prevenir una emboscada contra soldados introduce una variable ausente en sus críticas anteriores: la responsabilidad directa sobre la vida de uniformados. Esta diferencia entre evaluar decisiones ajenas y tomar las propias bajo presión operacional explica parcialmente, aunque no justifica completamente, el cambio de postura que sus críticos señalan como hipocresía política.
El caso revela además las limitaciones estructurales de la estrategia de Paz Total en territorios donde grupos armados mantienen control efectivo. A pesar del discurso de diálogo y transformación territorial, la administración ha ejecutado doce bombardeos, cifra que contradice la narrativa de una política principalmente enfocada en negociación y presencia estatal no militar.
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, identificó un problema sistémico al señalar que las comunidades y funcionarios estatales enfrentan amenazas de grupos armados que ven en la protección de menores un obstáculo para el reclutamiento. Esta dinámica evidencia que el problema trasciende las operaciones militares puntuales para adentrarse en la ausencia de Estado efectivo en vastas zonas del territorio nacional.
La respuesta diferenciada del sector político ilustra cómo las alianzas partidistas influyen en la evaluación de acciones idénticas. Mientras figuras como Katherine Miranda e Iván Cepeda condenan el bombardeo actual tras haber criticado similares en gobiernos anteriores, otros antiguos opositores como Enrique Peñalosa ahora defienden la decisión. Esta polarización impide un debate técnico sobre protocolos operacionales y estándares del DIH.
El hecho de que Petro compartiera un artículo de 2021 criticando bombardeos con víctimas menores mientras defendía su propia operación constituye un elemento revelador de la disonancia cognitiva inherente a su posición. Esta acción, más que cualquier argumento, ilustra la dificultad de conciliar principios absolutos con decisiones ejecutivas en contextos de conflicto.
La ausencia de protocolos claros para operaciones donde se sospecha presencia de menores reclutados representa una falla institucional que ningún gobierno ha abordado efectivamente. La pregunta sobre si la inteligencia militar conocía la presencia de los siete niños antes del bombardeo resulta crucial para determinar si se respetó el DIH, pero esta información permanece sin aclaración oficial definitiva.
Este caso expone la necesidad urgente de establecer protocolos institucionales claros que trasciendan administraciones individuales y posiciones políticas coyunturales. La pregunta no debería ser si Petro es hipócrita o coherente, sino cómo garantizar que ningún gobierno futuro enfrente el falso dilema entre proteger soldados y evitar muertes de menores reclutados, situación que evidencia la ausencia de estrategias preventivas efectivas.
La controversia señala que la Paz Total, como política de Estado, requiere más que discurso y negociaciones: necesita presencia estatal efectiva que prevenga el reclutamiento, inteligencia militar que permita operaciones quirúrgicas, y un debate nacional maduro sobre el uso legítimo de la fuerza que supere las posiciones partidistas. Mientras estas condiciones no existan, Colombia continuará repitiendo ciclos de indignación selectiva ante tragedias predecibles.
