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Crecimiento de grupos armados cuestiona estrategia gubernamental
El debate público entre el presidente Gustavo Petro y la representante Cathy Juvinao sobre el bombardeo en Guaviare revela las tensiones inherentes a la política de seguridad colombiana. La operación militar contra las disidencias de alias Iván Mordisco pone de manifiesto las contradicciones entre el discurso de paz total y la realidad de un conflicto armado que continúa activo en regiones apartadas del país.
La controversia trasciende el caso específico y plantea interrogantes fundamentales sobre la viabilidad de combinar procesos de diálogo con acciones militares contundentes. El crecimiento de las disidencias durante los últimos años, reconocido tanto por fuentes gubernamentales como de oposición, sugiere que los mecanismos de negociación no han logrado los resultados esperados.
El intercambio de acusaciones sobre responsabilidades históricas entre el gobierno actual y la administración Duque evidencia una estrategia de defensa política que busca contextualizar los desafíos actuales como herencia de decisiones pasadas. Sin embargo, esta narrativa no resuelve el problema inmediato del fortalecimiento de estructuras armadas ilegales.
La decisión presidencial de autorizar el bombardeo responde a una lógica táctica comprensible desde el punto de vista militar. La desproporción numérica entre los combatientes que avanzaban y las tropas que los esperaban creaba una situación de vulnerabilidad que, de no atenderse, podría haber resultado en bajas significativas. Este tipo de decisiones de comando ilustra la permanencia de dinámicas bélicas tradicionales pese al énfasis discursivo en la paz.
Sin embargo, la operación ocurre en un contexto que complejiza su interpretación política. La política de Paz Total fue presentada como un cambio de paradigma que privilegiaría el diálogo y la transformación social sobre las soluciones militares. El uso de bombardeos, especialmente cuando resultan en víctimas civiles o menores reclutados, genera dudas sobre la coherencia entre el discurso y la práctica gubernamental.
Los datos sobre el crecimiento de las disidencias presentan un desafío analítico importante. Si efectivamente el Estado Mayor Central incrementó su capacidad operativa en un 75 por ciento durante el actual gobierno, esto sugiere que los procesos de diálogo no han logrado contener la expansión de estos grupos. La suspensión de ceses al fuego y la ruptura de negociaciones en varios frentes confirman las dificultades para alcanzar acuerdos duraderos.
El argumento presidencial sobre la herencia de Duque contiene elementos verificables pero también simplificaciones problemáticas. Es cierto que durante la administración anterior se mantuvieron posiciones críticas frente al Acuerdo de Paz de 2016 y se priorizó la acción militar sobre el diálogo con disidencias. No obstante, atribuir exclusivamente a ese período el fortalecimiento actual de grupos como el de Mordisco ignora las decisiones y estrategias implementadas desde 2022.
La respuesta de Juvinao se inscribe en una línea de oposición que ha caracterizado su gestión parlamentaria. La representante ha mantenido una posición crítica constante frente a diversos aspectos de la administración Petro, lo que le ha valido tanto reconocimiento en sectores de oposición como acusaciones de realizar críticas sin propuestas constructivas. Su cuestionamiento sobre los bombardeos recupera argumentos que el mismo Petro utilizaba cuando estaba en la oposición.
La dimensión humanitaria del debate adquiere relevancia particular cuando se confirma la presencia de menores entre las víctimas. El reclutamiento forzado de adolescentes por grupos armados ilegales es una violación sistemática de derechos humanos que todos los gobiernos han enfrentado sin lograr soluciones efectivas. La muerte de menores en operaciones militares plantea dilemas éticos y legales sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza.
El debate también refleja la fragmentación del apoyo político al gobierno. Figuras como Juvinao, provenientes de sectores que inicialmente mantuvieron posturas próximas o al menos no confrontacionales con el gobierno, han transitado hacia una oposición más marcada. Esta dinámica debilita la capacidad del ejecutivo para construir consensos amplios sobre políticas de seguridad que, por su complejidad, requerirían acuerdos transversales.
La controversia sobre el bombardeo en Guaviare ilustra un dilema estructural de la política colombiana: la dificultad para articular respuestas coherentes al conflicto armado que integren objetivos de paz con necesidades legítimas de seguridad estatal. Ningún gobierno ha logrado resolver satisfactoriamente esta tensión, y las acusaciones cruzadas entre administraciones sucesivas sugieren que persiste una carencia de visión estratégica de largo plazo.
El debate público entre el presidente y la congresista, más allá de sus méritos argumentativos específicos, evidencia la polarización que caracteriza la discusión sobre seguridad en Colombia. La ausencia de espacios de diálogo constructivo entre gobierno y oposición impide la construcción de políticas de Estado que trasciendan los períodos presidenciales. Mientras persista esta dinámica, las respuestas al conflicto armado continuarán siendo reactivas y fragmentadas, con limitada efectividad para resolver las causas profundas de la violencia.
