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Red de Veedurías presentó la denuncia inicial
De acuerdo con el contenido del auto, la representante investigadora María Eugenia Lopera solicitó a la fiscal general que, en un plazo de diez días, remita un informe detallado de las actuaciones adelantadas frente a la denuncia presentada. El documento deberá incluir las decisiones tomadas por la Fiscalía, las gestiones realizadas para hacer efectivas las órdenes de captura y cualquier otra actuación relevante relacionada con González y el caso UNGRD.
La denuncia de la Red de Veedurías señala una presunta conveniencia entre Camargo y los fiscales 9 y 11 delegados ante la Corte Suprema de Justicia para permitir o facilitar que Carlos Ramón González abandonará el país rumbo a Nicaragua, con el fin de evadir la acción penal. Adicionalmente, el texto pide investigar a la fiscal por posibles delitos como fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento, hechos que la Comisión revisa en esta etapa preliminar.
González, exdirector del Dapre y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, está vinculado a las investigaciones por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La Fiscalía le imputó cargos por presunta participación en un esquema de corrupción en contratos de carrotanques y otros proyectos, mientras medios de comunicación han informado que permanece en Nicaragua y cuenta con asilo en ese país, además de circular roja de Interpol.
Según relató la Red de Veedurías ante la Comisión, desde mediados de 2024 se elevaron peticiones al ente acusador para imputar y solicitar medida de aseguramiento contra González, pero dichas actuaciones sólo se concretaron meses después. Para los denunciantes, este lapso pudo haber facilitado la salida del país del exfuncionario; para la Fiscalía, se trata de un proceso enmarcado en los tiempos normales de una investigación compleja. Estas posiciones encontradas hacen parte del material que ahora deberá recopilar la célula parlamentaria.
En paralelo, la Comisión de Acusación debe determinar si la información que reciba justifica avanzar a una etapa formal o si, por el contrario, corresponde archivar la denuncia. La decisión tendrá en cuenta no sólo el informe de la fiscal general, sino también otros elementos probatorios que puedan allegarse, como respuestas de la propia Red de Veedurías, documentos internos de la Fiscalía y registros de actuaciones procesales en el marco del caso UNGRD y de la fuga de González.
El escándalo de corrupción de la UNGRD, que salió a la luz en 2024 por irregularidades en la contratación de carrotanques para La Guajira y otros proyectos, continúa generando consecuencias judiciales y políticas. Varios exfuncionarios han sido imputados o condenados, mientras se mantienen abiertas investigaciones contra exdirectivos y excongresistas, de acuerdo con los reportes de la Fiscalía y otras autoridades. Este contexto explica parte del interés público sobre la forma en que el ente acusador ha tramitado el expediente.
Por ahora, la investigación que adelanta la Comisión de Acusación contra Luz Adriana Camargo se mantiene en una fase preliminar. No se han formulado cargos ni adoptado decisiones de fondo en su contra. El paso dado al decretar pruebas se inscribe dentro de las facultades que tiene la Cámara de Representantes para investigar a altos funcionarios del Estado y no implica, por sí mismo, una determinación de responsabilidad. El desarrollo de esta etapa permitirá establecer si hay o no mérito para que el proceso avance.
La orden de recaudar pruebas en la investigación previa contra la fiscal general por el caso UNGRD y la fuga de Carlos Ramón González representa un avance en el control político que ejerce la Cámara sobre los altos dignatarios. En los próximos días, la Comisión de Acusación deberá analizar el informe que entregue Luz Adriana Camargo y el resto de documentos que se alleguen al expediente, para decidir si existen elementos suficientes para continuar con la investigación o si corresponde archivarla. Este proceso se desarrolla en paralelo a las investigaciones por corrupción en la UNGRD y forma parte del seguimiento institucional al manejo del caso por parte de la Fiscalía General de la Nación.
