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La propuesta que respalda Bogotá busca un relevo de poder que evite una intervención militar y otra ola migratoria
Detrás del anuncio de que Colombia apoyaría un plan para que Nicolás Maduro entregue el poder a un gobierno de transición hay una preocupación que se siente en las calles de Cúcuta, Maicao, Arauca o Bogotá: el miedo a un nuevo éxodo venezolano. La canciller Rosa Villavicencio advirtió que una eventual intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano podría desencadenar otra ola de desplazamientos masivos hacia Colombia, que ya ha recibido a millones de personas en los últimos años, muchas de ellas viviendo en barrios populares o asentamientos informales.
Colombia se ha convertido en el principal receptor de migrantes venezolanos y ha asumido, casi en solitario, el reto de brindarles atención básica en salud, educación y regularización migratoria. Programas como el Estatuto Temporal de Protección han sido reconocidos internacionalmente, pero la capacidad de los municipios está al límite. En varias ciudades, los sistemas hospitalarios y educativos se han visto obligados a improvisar respuestas mientras aumentan las tensiones por el empleo y el acceso a vivienda digna. Un nuevo flujo masivo pondría aún más presión sobre esos servicios.
En ese contexto, la idea de un plan de salida para Maduro que evite la cárcel y le ofrezca garantías busca, en parte, reducir el riesgo de un colapso violento del régimen. Para los defensores de la medida, se trata de un mal menor: un acuerdo políticamente incómodo, pero tal vez necesario para que la crisis no se traduzca en más familias cruzando la frontera a pie, con niños pequeños, en busca de alimentos o medicamentos. La cancillería insiste en que la prioridad debe ser proteger la vida de millones de personas, incluso si eso implica sacrificar la imagen de dureza frente al chavismo.
En la frontera, organizaciones sociales y parroquias que han acompañado a los caminantes venezolanos siguen con atención las discusiones. Líderes comunitarios en Norte de Santander y La Guajira recuerdan que cada anuncio de sanciones, amenazas militares o ruptura de diálogos suele reflejarse en un aumento de personas llegando a los pasos fronterizos formales y a las trochas. Por eso, muchos piden que en cualquier acuerdo se incorpore una agenda humanitaria robusta, que priorice la reapertura completa y segura de la frontera, el acceso a documentos y la protección de quienes deciden regresar o permanecer en Colombia.
Al mismo tiempo, la posibilidad de que Maduro salga del poder mediante un pacto genera sentimientos encontrados entre las víctimas de violaciones de derechos humanos, tanto en Venezuela como en la diáspora. Para quienes han sufrido persecución política, detenciones arbitrarias o represión de protestas, la idea de que los responsables puedan evitar la cárcel resulta difícil de aceptar. Expertos en justicia transicional plantean que una solución podría ser un modelo híbrido que combine garantías para la cúpula chavista con mecanismos de verdad, reparación y memoria que reconozcan a las víctimas y sienten bases para la no repetición.
En las principales ciudades de Colombia, la comunidad venezolana ve el anuncio con una mezcla de esperanza y cautela. Algunos sueñan con un retorno seguro si hay un verdadero cambio político y se reactiva la economía y los servicios en su país; otros, más escépticos, temen que se trate de un movimiento táctico de Maduro para ganar tiempo. Lo que sí parece claro es que cualquier decisión sobre la transición tendrá efectos directos en la vida cotidiana de quienes hoy trabajan como vendedores informales, domiciliarios, empleados del comercio o profesionales que han logrado revalidar sus títulos.
Para los territorios colombianos, especialmente los fronterizos, está en juego no solo la estabilidad económica, sino también la convivencia entre comunidades. Los alcaldes y gobernadores reclaman que se les escuche en el diseño de la política exterior hacia Venezuela y piden más recursos del gobierno central para atender a la población migrante. En paralelo, organizaciones locales promueven iniciativas de integración que mezclan a jóvenes colombianos y venezolanos en proyectos culturales, deportivos o de emprendimiento. El rumbo que tome el plan de transición en Caracas definirá, en buena medida, si esas apuestas se fortalecen o si deberán prepararse para una nueva emergencia.
El respaldo de Colombia a un plan de transición en Venezuela, que permitiría la salida negociada de Nicolás Maduro a cambio de garantías, tiene un componente profundamente humano: busca evitar una nueva crisis migratoria que impacte a las ciudades y fronteras colombianas. Lo que se negocie entre Bogotá, Caracas, Washington y los demás actores regionales determinará si millones de venezolanos pueden volver a su país con seguridad o si Colombia deberá enfrentar otro éxodo masivo en los próximos años.
