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Informalidad: síntoma de desigualdad territorial y empresarial
Detrás de la cifra agregada del 55% de informalidad laboral en Colombia se oculta una realidad mucho más compleja y desigual. El último informe del DANE no solo confirma la tendencia descendente del indicador, que ha caído 4,2 puntos desde 2021, sino que revela patrones estructurales de exclusión que cuestionan la sostenibilidad del modelo de formalización actual.
Un análisis detallado de los datos evidencia que el descenso de la informalidad no es homogéneo ni beneficia por igual a todos los territorios y sectores productivos. Por el contrario, las cifras desagregadas muestran que ciertas regiones, segmentos poblacionales y tamaños empresariales concentran niveles de precariedad laboral que superan ampliamente el promedio nacional.
La pregunta fundamental es si el país está realmente avanzando hacia un mercado laboral más inclusivo o si, por el contrario, está consolidando un modelo dual donde coexisten dos mercados laborales paralelos con escasa comunicación entre sí.
La medición de la informalidad empleada por el DANE considera tanto la ausencia de afiliación a la seguridad social en trabajadores asalariados como la pertenencia de trabajadores independientes a unidades productivas del sector informal. Esta definición, aunque técnicamente robusta, captura apenas la superficie de un fenómeno multidimensional que incluye bajos ingresos, inestabilidad laboral y ausencia de derechos laborales fundamentales.
El dato más revelador del informe es la brecha entre zonas urbanas y rurales: 41,8 puntos porcentuales. Esta diferencia no es accidental ni coyuntural; es el resultado de décadas de abandono estatal, baja productividad agrícola, ausencia de infraestructura y limitado acceso a servicios financieros y tecnológicos. En las zonas rurales dispersas, la informalidad del 83,4% no es una anomalía estadística, es la manifestación de un modelo económico que ha sido incapaz de integrar al campo en las dinámicas del empleo formal.
El hallazgo de que los hombres tienen mayor informalidad que las mujeres (57,4% versus 51,6%) merece un análisis cuidadoso. Esta diferencia podría explicarse por la concentración de hombres en sectores como la construcción, el transporte informal y la agricultura, donde predomina el empleo precario. Las mujeres, por su parte, tienen mayor participación en el empleo doméstico y en sectores de servicios que, aunque también precarios, pueden contar con mayor formalización parcial.
El análisis territorial de las ciudades con mayor informalidad revela un patrón geográfico incontrovertible. Las cinco ciudades con peores indicadores —Sincelejo, Montería, Valledupar, Cúcuta y Riohacha— comparten características comunes: economías poco diversificadas, alta dependencia de actividades primarias o comercio informal, deficiente infraestructura y, en algunos casos, exposición a fenómenos de violencia y desplazamiento. No es casualidad que todas estén ubicadas en la periferia del desarrollo nacional.
En el otro extremo, Bogotá, Manizales, Tunja, Medellín y Pereira exhiben tasas de informalidad significativamente menores. Estas ciudades concentran las sedes de grandes empresas, tienen economías más diversificadas, mejor infraestructura educativa y mayor presencia institucional. La diferencia de 36,1 puntos porcentuales entre Bogotá (33%) y Sincelejo (69,1%) no solo refleja disparidades en el mercado laboral, sino profundas asimetrías en el modelo de desarrollo territorial colombiano.
La correlación entre tamaño empresarial e informalidad es quizás el hallazgo más estructural del informe. Que el 84,7% de los trabajadores de microempresas estén en la informalidad mientras que solo el 2,6% de los empleados de grandes empresas lo estén, evidencia que el problema de la informalidad está indisolublemente ligado a la fragilidad del tejido productivo. Las microempresas, que constituyen la inmensa mayoría de las unidades económicas del país, operan en la supervivencia, con bajos márgenes, escaso acceso a financiamiento y nula capacidad para asumir los costos de la formalización.
Este dato plantea una paradoja de política pública: las estrategias de formalización que se basan exclusivamente en incentivos o sanciones pueden resultar insuficientes si no se acompañan de políticas de fortalecimiento empresarial, acceso a mercados, transferencia tecnológica y simplificación de trámites. La formalización no puede ser vista como un mero acto administrativo, sino como el resultado de un proceso de mejora en la productividad y sostenibilidad de las unidades económicas.
Los datos del DANE invitan a replantear la narrativa oficial sobre la formalización laboral en Colombia. Si bien la tendencia descendente de la informalidad es positiva, las profundas brechas territoriales, sectoriales y empresariales sugieren que el país está construyendo un modelo laboral dual: uno formal, urbano, concentrado en grandes empresas y en las principales ciudades; otro informal, rural, atomizado en microempresas y en la periferia del desarrollo nacional.
El verdadero desafío no es celebrar la reducción marginal del promedio nacional, sino diseñar estrategias diferenciadas que ataquen las causas estructurales de la informalidad en cada contexto específico. Sin una política de desarrollo territorial que fortalezca las economías regionales, apoye a las microempresas y cierre las brechas de infraestructura y acceso a servicios, la informalidad seguirá siendo el rostro mayoritario del mercado laboral colombiano, especialmente en las zonas más vulnerables del país.
