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La campaña presidencial enfrentará multa e investigaciones
La escena se desarrolló en una sala plena sin grandes discursos públicos ni cámaras. Los magistrados llegaron con una ponencia ya conocida: la de Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes dedicaron meses a revisar reportes de gastos, contratos y documentos contables de la campaña Petro Presidente. Su conclusión, contenida en varias páginas, era contundente: se habían superado los topes legales en la primera y en la segunda vuelta de las presidenciales.
Días antes, el jueves 13 de noviembre, cinco magistrados habían dado su voto favorable a esa ponencia. Sin embargo, la ausencia de dos togados por recusación e impedimento dejó la decisión en suspenso. La magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana al Pacto Histórico, debió dar un paso al costado por haber sido testigo electoral de esa misma fuerza política. El magistrado Álvaro Echeverry, por su parte, se apartó al reconocer que había trabajado como abogado de la campaña del Pacto.
Esas ausencias crearon un aire de incertidumbre. Sin ellos, la sala no lograba la mayoría absoluta necesaria para sancionar. Fue entonces cuando entraron en escena los conjueces: abogados designados para completar el quorum en situaciones de impedimentos y recusaciones. Su participación, rutinaria en términos jurídicos, se volvió decisiva en un caso cargado de tensión política.
Cuando la votación final se produjo, el respaldo a la sanción se estructuró alrededor de los magistrados ponentes y de las togadas Maritza Martínez, Altus Baquero y Alfonso Campos, representantes de distintas fuerzas políticas. A ellos se sumó el conjuez Majer Abushihab, cuyo voto inclinó definitivamente la balanza. El conjuez Iván Acuña se pronunció en contra, dejando constancia de que no todos compartían la lectura de la ponencia.
Mientras tanto, afuera de la sala no había grandes movilizaciones ni cámaras en vivo, pero sí una atención creciente en círculos políticos y de opinión. La campaña Petro Presidente no era cualquier campaña: fue la que llevó al actual gobierno al poder. Por eso, el anuncio de una multa de 5.922 millones de pesos no solo se leyó como un castigo económico, sino como un golpe simbólico a la narrativa oficial sobre la pulcritud de la financiación.
La figura de Ricardo Roa quedó en el centro del huracán. Como gerente de la campaña, su nombre aparece ahora en la compulsa de copias que el CNE envía a la Fiscalía. Hoy ocupa la presidencia de Ecopetrol, una de las empresas más importantes del país, y deberá enfrentar preguntas sobre si permitió o no que la campaña se financiara con fuentes prohibidas, si hubo ocultamiento de gastos o maniobras que puedan interpretarse como fraude procesal.
La decisión de remitir el expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes suma una dimensión más. Ese órgano, cuestionado por su baja efectividad, es sin embargo el juez natural del presidente de la República. Así, lo que en un comienzo parecía un caso estrictamente contable se convierte en un asunto que toca la figura presidencial, al menos en términos de escrutinio político.
Detrás de las cifras, los nombres y las siglas, la decisión del CNE deja interrogantes sobre cómo se financian realmente las campañas en Colombia y hasta dónde llegan los controles institucionales. Para la campaña Petro Presidente, el fallo supone cargar con una sanción económica y con el peso de nuevas investigaciones. Para los ciudadanos, abre la posibilidad de exigir más transparencia y reglas claras en futuras contiendas.
Lo que decidan ahora la Fiscalía y la Comisión de Acusación no solo marcará el destino de Ricardo Roa y de algunos responsables de la campaña, sino que impactará la confianza en el sistema electoral. Este caso, que se decidió en menos de una hora de sala plena, podría convertirse en un hito en la discusión sobre la financiación política en el país.
