“¿Cámaras en las aulas? Esto solo puede hacerse con autorización de los acudientes”

Expertos advierten que la vigilancia escolar solo puede implementarse bajo protocolos claros y respetando los derechos de los menores

La instalación de cámaras de vigilancia en aulas de clase ha generado debate en instituciones educativas, especialmente por el manejo de la privacidad de niños y adolescentes. Aunque algunos colegios consideran que estos dispositivos pueden mejorar la seguridad o facilitar el seguimiento de comportamientos, su uso está estrictamente regulado y no puede implementarse sin el consentimiento informado de padres o acudientes. La normatividad colombiana prioriza la protección de datos personales, en especial los de menores de edad

Uno de los puntos más sensibles es el derecho a la intimidad. Grabar de manera constante dentro de un salón puede constituir una vulneración si no existe una razón pedagógica o de seguridad debidamente justificada. Además, las instituciones deben informar con claridad dónde estarán ubicadas las cámaras, quién tendrá acceso al material grabado, cómo será almacenado y por cuánto tiempo se conservarán los registros. Sin estos lineamientos, la instalación sería considerada irregular.

A esto se suma que las grabaciones de menores son catalogadas como datos sensibles, lo que implica un nivel superior de protección. Las instituciones están obligadas a obtener autorizaciones por escrito, garantizar la confidencialidad y evitar el uso de estas imágenes con fines distintos a los que fueron aprobados. Cualquier filtración, mal manejo o uso indebido puede acarrear sanciones legales para los responsables, tanto a nivel institucional como personal.

Finalmente, diversos especialistas en educación y derechos digitales recomiendan que antes de implementar cámaras se evalúen alternativas que no comprometan la privacidad, como fortalecer la convivencia escolar, mejorar la supervisión docente o instalar dispositivos en zonas comunes donde sí está permitida la vigilancia. La transparencia, el diálogo con las familias y el respeto por los derechos de los estudiantes son fundamentales para cualquier decisión en materia tecnológica dentro de las aulas.