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Cuando los niños son escudos humanos y víctimas
El bombardeo que dejó seis menores muertos en Guaviare ha puesto sobre la mesa uno de los dilemas más complejos del conflicto armado colombiano: cómo equilibrar los objetivos militares legítimos con la protección de menores reclutados forzosamente por grupos armados. La controversia entre el Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo trasciende las cifras y plantea interrogantes profundos sobre la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
La tensión entre ambas instituciones refleja un debate más amplio que enfrenta el Estado colombiano: ¿hasta dónde puede llegar la fuerza militar cuando los grupos ilegales usan menores como escudos humanos? ¿Es posible neutralizar estructuras criminales sin poner en riesgo vidas de niños y adolescentes sometidos al reclutamiento forzado?
El caso evidencia las complejidades de un conflicto donde la línea entre víctima y combatiente se desdibuja. Los menores reclutados son simultáneamente víctimas de un crimen de guerra y elementos funcionales de estructuras armadas, una dualidad que desafía los protocolos militares convencionales y exige un análisis que trascienda las posiciones binarias.
La discrepancia entre el Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo no es meramente estadística, sino que representa dos visiones sobre cómo enfrentar el fenómeno del reclutamiento forzado en operaciones militares. Las declaraciones del ministro Sánchez sobre que quien participa en hostilidades pierde protección evidencian una interpretación del DIH desde la perspectiva de la efectividad operacional.
Por su parte, la posición de la Defensoría se fundamenta en la jurisprudencia internacional, específicamente en fallos de la Corte Penal Internacional que establecen que los menores reclutados mantienen protecciones especiales incluso cuando son utilizados en combate. Esta perspectiva prioriza el estatus de víctima sobre la condición temporal de combatiente.
El reclutamiento forzado de menores por grupos armados ilegales es una estrategia deliberada que busca precisamente crear este tipo de dilemas para las fuerzas estatales. Al utilizar niños y adolescentes, las disidencias generan escenarios donde cualquier acción militar del Estado puede resultar en víctimas infantiles, lo que produce desgaste político y cuestionamientos internacionales.
La operación en Guaviare se ejecutó contra un objetivo considerado de alto valor militar: una reunión de comandantes del Estado Mayor Central de las disidencias. Según fuentes de inteligencia, la presencia de menores en el campamento era conocida, lo que plantea la pregunta sobre qué medidas de precaución se implementaron y si fueron suficientes según los estándares internacionales.
El principio de proporcionalidad en el DIH establece que las ventajas militares esperadas deben sopesarse contra los daños colaterales previsibles. En este caso, neutralizar a comandantes responsables de narcotráfico, extorsión y reclutamiento forzado podría considerarse una ventaja militar significativa, pero la muerte de seis menores representa un costo humanitario que genera cuestionamientos sobre si se cumplió este principio.
La controversia también expone las limitaciones del Estado colombiano para implementar alternativas que minimicen riesgos para menores en operaciones militares. Operaciones terrestres de rescate, negociaciones previas o estrategias de cerco podrían reducir víctimas infantiles, pero también incrementan riesgos para las fuerzas militares y pueden resultar operacionalmente inviables en zonas selváticas remotas.
El caso plantea además interrogantes sobre la cadena de responsabilidad. Si bien la Defensoría señala a los grupos armados como responsables originarios por el reclutamiento, la ejecución de una operación militar que resulta en muertes de menores genera responsabilidad estatal bajo estándares internacionales, independientemente de quién los puso en riesgo inicialmente.
El bombardeo en Guaviare no es un incidente aislado, sino un síntoma de tensiones estructurales en cómo Colombia enfrenta el reclutamiento forzado. La política de paz total del gobierno Petro, que busca desescalar el conflicto, choca con la realidad de grupos que continúan usando menores como parte de sus estructuras operativas y estrategias de protección.
La resolución de esta tensión requiere más que debates institucionales: necesita protocolos claros que prioricen la protección de menores sin comprometer completamente la capacidad operacional del Estado, inversión en inteligencia que permita discriminar mejor objetivos, y estrategias integrales que aborden las causas del reclutamiento forzado. Mientras tanto, casos como el de Guaviare seguirán exponiendo las contradicciones de un conflicto donde los más vulnerables pagan el precio más alto.
