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Defensoría y Medicina Legal confirmaron la muerte de menores
La semana comenzó con el anuncio de una ofensiva militar contra las disidencias de las FARC en dos frentes: Guaviare y Arauca. Según la información oficial, se trataba de operar contra estructuras bajo el mando de alias Iván Mordisco, uno de los jefes más visibles del Estado Mayor Central. Bajo esa directriz, el presidente Gustavo Petro autorizó bombardeos en ambos departamentos, en un nuevo capítulo de la estrategia de golpe aéreo contra los campamentos de estos grupos armados.
En el Guaviare, la operación se concentró en una zona de difícil acceso en el municipio de Calamar, donde inteligencia militar ubicó un campamento de las disidencias. De acuerdo con los reportes de las Fuerzas Militares, el objetivo era neutralizar a un grupo numeroso de combatientes que supuestamente preparaban acciones ofensivas contra unidades del Ejército desplegadas en el área. La orden de ataque se ejecutó desde el aire, con apoyo de aeronaves y armamento de alta precisión, en una franja horaria que no ha sido detallada completamente al público.
En los primeros comunicados, el Ministerio de Defensa destacó la operación como un golpe exitoso: se habló de 19 a 25 presuntos disidentes muertos y se subrayó la importancia estratégica del campamento atacado. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a aparecer informaciones que cambiarían el tono del balance. La Defensoría del Pueblo señaló que, entre los cuerpos recuperados, había al menos seis menores de edad reclutados por el grupo armado ilegal, lo que encendió las alarmas sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.
Más tarde, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que recibió 20 cuerpos en total, de los cuales siete correspondían a menores de edad, según detalló su director, Ariel Cortés Martínez. Ese ajuste en la cifra de niños fallecidos agravó la polémica y obligó al gobierno a responder con mayor precisión. En paralelo, organizaciones de derechos humanos comenzaron a pedir información sobre la inteligencia previa, las evaluaciones de riesgo y la forma como se intentó verificar la presencia de menores en el campamento antes del ataque.
En sus primeras declaraciones, el presidente Petro defendió la operación. Explicó que autorizó el bombardeo porque existía una amenaza concreta contra un pelotón de soldados jóvenes que, según los informes militares, estaba en camino a ser emboscado por una fuerza de unos 150 disidentes. “Decisión riesgosa, bombardear antes de que lleguen a su objetivo. Eso hice”, dijo el mandatario, reconociendo el riesgo de daños colaterales, pero insistiendo en que su prioridad era evitar la muerte de los uniformados.
Mientras se conocían esas explicaciones, la reacción de diferentes actores institucionales fue tomando forma. La Defensoría del Pueblo reiteró que ningún menor reclutado puede ser considerado objetivo legítimo y pidió revisar los protocolos de operaciones aéreas. Desde el Congreso, congresistas como Katherine Miranda anunciaron que impulsarían una moción de censura contra el ministro de Defensa, y solicitaron que se entreguen al Legislativo detalles completos del operativo, incluidas las órdenes escritas y los criterios de selección del objetivo.
Al cierre de la semana, el caso ya había dejado de ser solo un reporte militar para convertirse en una crisis política en Bogotá. El gobierno insiste en que el bombardeo fue legal y necesario, mientras que organizaciones de derechos humanos, entidades de control y parte de la oposición consideran que la muerte de los menores podría configurar una violación grave al Derecho Internacional Humanitario. En medio de solicitudes de información, posibles investigaciones y debates anunciados, el país sigue a la espera de una reconstrucción oficial completa de lo ocurrido en el campamento de Guaviare.
La cronología del bombardeo en Guaviare muestra cómo una operación presentada inicialmente como un éxito militar terminó derivando en una tormenta política para el gobierno de Gustavo Petro. La confirmación de al menos seis o siete menores muertos, las discrepancias en las cifras y las dudas sobre el cumplimiento del DIH han llevado el caso al centro del debate nacional. Con mociones de censura en marcha y posibles investigaciones en camino, el país espera que se esclarezcan todos los detalles de la operación y se definan responsabilidades sobre la muerte de los niños reclutados por las disidencias.
