Noticias Caleñas 
Propuesta cobija cerca de 581.000 hectáreas
La formulación de las directrices ambientales para la Sabana de Bogotá avanza hacia su recta final. El documento que elabora el Ministerio de Ambiente, y que se discute en el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH), plantea lineamientos para orientar el uso del suelo y las actividades productivas en un territorio de unas 581.000 hectáreas, distribuidas entre Bogotá y varios municipios de Cundinamarca. La última sesión del Consejo presentó avances técnicos en la consolidación de mapas, criterios y zonas objeto de protección, pero no pudo concluir con una decisión definitiva.
La propuesta de resolución identifica cinco categorías de áreas de especial importancia ambiental: zonas de recarga de acuíferos, bosques naturales andinos, bosques secos subxerofíticos, humedales y áreas con amenazas naturales. En cada una se definen restricciones y lineamientos para orientar el desarrollo urbano, los proyectos de infraestructura y las actividades mineras y agrícolas, con el objetivo de reducir la presión sobre los ecosistemas y prevenir desastres asociados a inundaciones y deslizamientos.
Según lo planteado en discusiones previas, las directrices no reemplazarían los planes de ordenamiento territorial vigentes, sino que funcionarían como determinantes ambientales que deben ser incorporadas por Bogotá y los municipios en sus instrumentos de planificación. Esto implica que, una vez adoptadas, servirán como marco de referencia para decisiones sobre nuevos planes parciales, proyectos de vivienda, ampliaciones viales y licencias ambientales en la región de la sabana.
En la sesión más reciente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) solicitó más tiempo para revisar las actas y verificar que las transcripciones de las intervenciones coincidan con lo dicho en su momento por los delegados. Esa solicitud llevó a que el CECH decidiera aplazar la aprobación definitiva de las directrices hasta el 2 de diciembre, con el fin de incorporar eventuales ajustes y garantizar que todas las entidades se sientan adecuadamente representadas en el documento final.
El CECH está integrado por representantes del Ministerio de Ambiente, la CAR, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y los municipios de la cuenca, entre otros actores. Su misión es coordinar acciones para la recuperación del río Bogotá y hacer seguimiento a la implementación de la sentencia del Consejo de Estado, que ordenó descontaminar el afluente y mejorar la gestión ambiental en toda la cuenca. En este marco se inscribe la discusión sobre las directrices de la sabana.
Paralelo al trabajo técnico, el Ministerio amplió este año el plazo de la consulta pública sobre el proyecto de resolución, con el fin de recibir comentarios de autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil, gremios y ciudadanía. Durante este proceso surgieron observaciones sobre el alcance de las restricciones, la articulación con los planes de ordenamiento territorial y la necesidad de fortalecer espacios de coordinación entre Nación, Distrito y municipios, puntos que han sido objeto de ajustes y debates en el CECH.
De mantenerse el cronograma, el 2 de diciembre el Consejo debería aprobar las actas y tomar una decisión sobre la versión final de las directrices ambientales. A partir de entonces, el reto pasará a la implementación: incorporar las nuevas determinantes en los instrumentos de planificación, ajustar proyectos en curso y garantizar, mediante seguimiento y participación, que las normas se traduzcan en cambios reales para la protección de los humedales, los acuíferos y los suelos agrícolas de la sabana bogotana. La eventual adopción de las directrices ambientales para la Sabana de Bogotá será un hito en la gestión de la cuenca del río Bogotá. Con datos, mapas y criterios técnicos consolidados, las autoridades contarán con una herramienta más precisa para orientar el ordenamiento del territorio y reducir riesgos asociados a inundaciones y pérdida de ecosistemas.
Sin embargo, los expertos advierten que el impacto de estas normas dependerá de su articulación con los POT y de la capacidad institucional de Bogotá y Cundinamarca para hacerlas cumplir. En un contexto de alta demanda de suelo y presión urbanística, la implementación será tan importante como la resolución que se apruebe en el CECH.
