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Medida regiría sábados desde primer semestre de 2026
La propuesta de aplicar pico y placa los sábados a los vehículos matriculados por fuera de Bogotá generó un amplio debate entre la Alcaldía, la Gobernación de Cundinamarca y distintos sectores ciudadanos. Mientras el alcalde Carlos Fernando Galán defiende la medida como necesaria para la ciudad, el abogado Julián Prada anunció una acción popular para evitar que el decreto entre en vigencia.
La restricción, según lo previsto, comenzaría a operar en el primer semestre de 2026 y se centraría en los automotores de otros municipios y departamentos que circulan por la capital los fines de semana.
De acuerdo con la administración distrital, tres de cada diez vehículos que se movilizan por Bogotá no están matriculados en la ciudad. La Alcaldía sostiene que estos carros contribuyen a la congestión y afectan el estado de las vías sin que su impuesto vehicular se quede en la capital, lo que reduce la capacidad de inversión del Distrito en proyectos de movilidad.
El decreto proyectado introduce una nueva franja de restricción los sábados para dichos vehículos, con el propósito de incentivar que los propietarios formalicen el registro en Bogotá. La medida se sumaría al esquema habitual de pico y placa entre semana y hace parte de la estrategia de la administración para ajustar el modelo de recaudo y desincentivar el uso excesivo del automóvil particular.
Desde Cundinamarca, la respuesta fue crítica. El gobernador Jorge Rey cuestionó la decisión y la describió como una determinación “excluyente” que no habría sido consultada con los alcaldes de la sabana. Además, propuso revisar la forma en que se manejan los recursos compartidos y estudiar posibles reformas que permitan redistribuir el impuesto vehicular entre el departamento y la capital.
En paralelo, el abogado Julián Prada Betancourt confirmó que radicará una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su concepto, la medida adoptada por la Alcaldía desconoce la Ley 2199, que establece que las decisiones de movilidad en la región metropolitana deben tomarse bajo esquemas de coordinación, concurrencia y complementariedad entre las distintas autoridades territoriales.
Prada considera que el decreto afecta el derecho colectivo a la movilidad de quienes se desplazan a diario entre Bogotá y los municipios vecinos para trabajar, estudiar o prestar servicios. También señala posibles impactos para quienes ingresan los fines de semana por motivos comerciales o turísticos y advierte que, bajo la misma lógica, los municipios podrían establecer restricciones a los carros matriculados en la capital.
La acción popular solicitará que el Tribunal suspenda los efectos del decreto una vez sea expedido y que ordene al Distrito concertar una política regional de movilidad con base en estudios técnicos verificables. El abogado también ha puesto en duda la información que estaría utilizando la administración para justificar la extensión del pico y placa.
Por su parte, la secretaria de Hacienda, Ana María Cárdenas, defendió la propuesta y afirmó que Bogotá no puede seguir perdiendo participación en el registro vehicular mientras aumentan las demandas de inversión en semáforos, vías e infraestructura. El debate entre las partes se mantiene abierto, a la espera de la presentación formal de la demanda y de una eventual respuesta de los jueces administrativos.
El proyecto de pico y placa sabatino para carros no matriculados en Bogotá se encuentra en una fase clave: de un lado, la Alcaldía sostiene que la medida es coherente con sus objetivos de movilidad y recaudo; del otro, autoridades departamentales y actores jurídicos cuestionan su legalidad y su impacto sobre la región. La decisión final dependerá en buena parte del análisis que haga la justicia administrativa sobre el decreto y su relación con el marco de la región metropolitana. Hasta entonces, la discusión seguirá centrada en cómo equilibrar el derecho a la movilidad, la necesidad de recursos para la ciudad y la obligación de coordinar políticas entre Bogotá y Cundinamarca
