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Agencia de Tierras enfrenta crisis de credibilidad
El paro campesino que paraliza Urabá este viernes trasciende la coyuntura de un bloqueo vial para convertirse en síntoma de problemas estructurales en la política agraria colombiana. Las 89 asociaciones que protestan representan no solo su propio descontento, sino el de miles de familias rurales que enfrentan la frustración de ver sus expectativas de formalización territorial sistemáticamente postergadas.
El análisis de esta crisis revela patrones recurrentes en la relación entre el Estado y las comunidades campesinas: promesas incumplidas, burocracia paralizante y ausencia de presencia institucional efectiva en los territorios. La Agencia Nacional de Tierras, creada precisamente para resolver estas problemáticas, enfrenta ahora un cuestionamiento frontal a su gestión.
La situación en Urabá plantea interrogantes fundamentales sobre la viabilidad de las políticas públicas diseñadas para el campo colombiano y la capacidad real del Estado para transformar realidades rurales marcadas por décadas de abandono.
La repetición de movilizaciones campesinas con intervalos de un año evidencia un ciclo vicioso de negociación-incumplimiento que erosiona la confianza institucional. Este patrón no es exclusivo de Urabá, sino que se replica en diversas regiones del país, sugiriendo fallas sistémicas más que problemas localizados.
La exigencia de presencia territorial de la ANT revela una crítica profunda al modelo de gestión centralizado. Las comunidades parecen estar señalando que los procesos burocráticos desde Bogotá son insuficientes para comprender y resolver las complejidades de cada caso particular. Esta demanda implica un cuestionamiento al diseño mismo de las instituciones agrarias.
El contexto histórico de Urabá agrega capas de complejidad al análisis. La región ha sido epicentro de conflictos armados, despojo territorial y disputas entre diversos actores. La formalización de tierras no es solo un trámite administrativo, sino un proceso que debe navegar herencias de violencia, ocupaciones irregulares y conflictos de intereses que persisten en el territorio.
La inclusión del programa de sustitución de cultivos en las demandas campesinas revela la interconexión entre distintas políticas públicas. La formalización de tierras está vinculada con alternativas productivas legales, y los incumplimientos en un frente afectan la credibilidad en otros. Esta integralidad de las problemáticas requiere respuestas igualmente integrales.
Las siete constancias y diez audiencias públicas mencionadas por el representante Baracutao constituyen un indicador preocupante. Evidencian que el problema ha sido documentado, discutido y denunciado en espacios institucionales sin que esto se traduzca en soluciones efectivas. Surge entonces la pregunta sobre la utilidad real de estos mecanismos formales de participación.
El cansancio campesino mencionado por Baracutao no es simplemente emocional, sino político. Refleja el agotamiento de comunidades que han participado en procesos formales de diálogo confiando en la institucionalidad, solo para encontrar que sus expectativas no se materializan. Este agotamiento puede derivar en radicalización de posturas y deslegitimación de espacios de negociación.
La amplitud de las demandas campesinas—tierras, proyectos productivos, vías, reparación a víctimas—sugiere que el problema no es únicamente técnico o administrativo, sino de modelo de desarrollo rural. Las comunidades están cuestionando implícitamente si las políticas vigentes realmente apuntan a transformar sus condiciones de vida o si se limitan a gestionar superficialmente conflictos sin abordar causas estructurales.
El paro en Urabá funciona como termómetro de una crisis más amplia en la relación entre el Estado colombiano y sus comunidades rurales. La repetición de estas situaciones en diferentes regiones sugiere que las soluciones requieren reformas profundas, no solo ajustes administrativos.
La respuesta gubernamental a esta coyuntura definirá no solo el destino de la movilización actual, sino la credibilidad de las políticas agrarias en su conjunto. Si el patrón de promesas-incumplimiento continúa, es previsible que estas crisis se intensifiquen y multipliquen en otros territorios con problemáticas similares.
