Noticias Caleñas 
Salud, protección social e inclusión, ejes que el Estado debe garantizar
En Colombia, los adultos mayores son sujetos de especial protección y cuentan con un marco legal que busca garantizarles una vida digna, activa y sin discriminación. La legislación nacional protege el acceso a la salud, la integridad física y emocional, el mínimo vital, la recreación y la participación social. Entidades como la Corte Constitucional han reiterado que el Estado debe priorizar su bienestar en cada decisión que los afecte. Además, el Ministerio de Salud y Protección Social es el encargado de velar por su atención en el sistema sanitario, asegurando medicamentos, tratamientos y programas de prevención.
La protección social también es un pilar clave. A través del Sistema de Seguridad Social Integral se garantiza el acceso a pensiones, subsidios y mecanismos que cubren necesidades básicas cuando no tienen ingresos suficientes. Programas como el Colombia Mayor apoyan a quienes no cuentan con una pensión, otorgando un auxilio económico periódico. A su vez, la Ministerio del Trabajo impulsa estrategias que favorecen su vinculación laboral, prohibiendo despidos por edad y promoviendo empleos flexibles y adecuados para su condición.
La ley también exige trato preferente en espacios públicos y privados. Los adultos mayores tienen derecho a no hacer filas extensas, acceder a tarifas diferenciales en transporte, cultura y turismo, y recibir atención prioritaria en trámites. La Policía Nacional de Colombia y autoridades locales deben protegerlos contra el abandono, el maltrato y cualquier forma de violencia. Asimismo, se promueven programas de envejecimiento activo, clubes de bienestar e iniciativas comunitarias que fortalecen su autonomía e integración, reconociéndolos como portadores de conocimiento y memoria social.
Aunque el país ha avanzado, aún persisten retos: barreras de acceso digital, pobreza en la tercera edad y casos de abuso económico o familiar. Organismos como la Defensoría del Pueblo reciben quejas y acompañan a esta población cuando sus derechos son vulnerados. La invitación es clara: proteger la vejez no es solo obligación del Gobierno, es responsabilidad social. Garantizar el respeto por los mayores es un acto de justicia intergeneracional que le recuerda a Colombia que en la experiencia y las canas también se construye futuro.
