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Inasistencias reflejan posible estrategia de obstrucción coordinada
La imposibilidad de elegir al nuevo contralor de Cali trasciende la mera inasistencia de quince concejales a una sesión. El episodio del jueves evidencia una crisis institucional profunda que cuestiona la capacidad del Concejo para cumplir funciones esenciales de gobierno.
La elección del jefe de control fiscal no es un trámite administrativo menor. Representa la garantía ciudadana de vigilancia sobre el manejo de recursos públicos. Su prolongada ausencia debilita el sistema de pesos y contrapesos que debe caracterizar a toda democracia funcional.
Las ausencias masivas, apenas justificadas formalmente por uno de los quince corporados, sugieren patrones que van más allá de la coincidencia. La ciudadanía se pregunta si existe una estrategia deliberada de obstrucción o simplemente una negligencia colectiva igualmente preocupante.
El contexto político de Cali ha estado marcado en meses recientes por tensiones entre diferentes sectores del Concejo. La elección del contralor, lejos de ser un proceso técnico, se ha convertido en escenario de disputas sobre cuotas burocráticas y alianzas políticas.
La ausencia de catorce concejales sin justificación formal plantea interrogantes sobre la coordinación de estas inasistencias. La coincidencia temporal y la magnitud del número sugieren que no se trata de eventos aislados sino de una posible acción concertada.
Los seis concejales presentes representaron apenas el veintiocho por ciento de la corporación. Esta cifra revela una desconexión alarmante entre la responsabilidad institucional y el comportamiento real de los representantes electos por voto popular.
Las manifestaciones públicas de los asistentes, particularmente las de Rodrigo Salazar cuestionando directamente a sus colegas, evidencian fracturas internas que trascienden las diferencias partidarias habituales. Se trata de un conflicto sobre la naturaleza misma del ejercicio del poder público.
La aparición de concejales ausentes en actividades recreativas durante el horario de sesión agrava la percepción ciudadana. No solo abandonaron sus funciones, sino que lo hicieron de manera visible, transmitiendo un mensaje de indiferencia frente a sus obligaciones constitucionales.
El anuncio de acciones legales por parte de veedores ciudadanos marca un punto de inflexión. La ciudadanía organizada comienza a utilizar mecanismos jurídicos para exigir rendición de cuentas, señal de que la desconfianza institucional alcanza niveles críticos.
La prolongación del interinato en la Contraloría tiene consecuencias prácticas inmediatas. Sin un contralor elegido formalmente, la capacidad de investigación y sanción de irregularidades administrativas se ve comprometida, creando un vacío de control que puede ser aprovechado por intereses particulares.
El episodio del jueves no es un incidente aislado sino un síntoma de patologías institucionales más profundas. La incapacidad del Concejo de Cali para cumplir una función básica como elegir al contralor refleja problemas estructurales en la representación política local.
La ciudad enfrenta un momento decisivo. O sus representantes rectifican y asumen sus responsabilidades, o la ciudadanía deberá explorar mecanismos más drásticos de exigencia democrática. El viernes será una prueba crucial para determinar cuál de estos caminos prevalecerá.
