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Discusión trasciende cifras y replantea desarrollo nacional
La propuesta de un salario mínimo de tres millones de pesos para 2026, basada en estimaciones de la OIT y presentada por el ministro Antonio Sanguino, trasciende el debate coyuntural sobre ajustes salariales anuales para evidenciar problemas estructurales de la economía colombiana. Esta cifra, que representa aproximadamente el triple del salario mínimo actual, expone la profunda brecha entre lo que los trabajadores necesitan para vivir dignamente y lo que la estructura productiva del país puede sostener.
El conflicto entre la aspiración legítima de salarios dignos y las limitaciones del modelo económico vigente revela tensiones fundamentales. Por un lado, el costo de vida real en Colombia exige ingresos superiores a los que percibe gran parte de la población. Por otro, la productividad laboral, la estructura empresarial y la competitividad nacional imponen restricciones concretas a los incrementos salariales acelerados.
Este debate plantea preguntas esenciales sobre el tipo de desarrollo económico que Colombia necesita para conciliar mejores ingresos con sostenibilidad productiva.
El planteamiento gubernamental se fundamenta en el concepto de salario digno desarrollado por la OIT, que establece que los trabajadores deben percibir ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de sus familias. Este enfoque basado en derechos sociales y laborales contrasta con aproximaciones que priorizan variables económicas como productividad y competitividad. La tensión entre ambas perspectivas no es nueva, pero la magnitud de la brecha propuesta la hace especialmente evidente. El concepto de “deuda histórica” con los trabajadores que menciona el ministro Sanguino sugiere que el problema trasciende coyunturas económicas específicas.
Analizar esta propuesta requiere examinar las limitaciones estructurales de la economía colombiana. El país presenta niveles de productividad laboral relativamente bajos en comparación con economías desarrolladas e incluso con algunos países de la región. Esta baja productividad se vincula con factores como insuficiente innovación tecnológica, capital humano con deficiencias formativas, infraestructura inadecuada y predominio de sectores económicos de bajo valor agregado. Estos factores limitan la capacidad de las empresas para generar suficiente riqueza que permita incrementos salariales significativos sin comprometer su viabilidad.
La estructura empresarial colombiana añade complejidad al análisis. El tejido productivo está compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas que operan con márgenes de rentabilidad estrechos. Muchas de estas compañías enfrentan dificultades para competir incluso en mercados nacionales, y un incremento salarial sustancial podría empujarlas hacia la quiebra o hacia la informalidad. La informalidad laboral, que ya afecta a cerca de la mitad de los trabajadores colombianos, podría aumentar si el costo de la formalidad se vuelve prohibitivo para empresas marginales.
El argumento empresarial sobre equilibrio entre necesidades sociales y viabilidad económica tiene fundamento teórico sólido. La literatura económica sobre salarios mínimos muestra que incrementos moderados pueden mejorar ingresos sin afectar significativamente el empleo, pero aumentos muy superiores a la productividad tienden a generar efectos adversos. Estos incluyen reducción del empleo formal, aumento de la informalidad, aceleración inflacionaria y deterioro de la competitividad. El desafío consiste en determinar dónde se encuentra ese umbral para Colombia en su contexto actual.
Sin embargo, el enfoque gubernamental también plantea cuestionamientos válidos sobre la sostenibilidad social del modelo económico vigente. Si la estructura productiva no puede generar ingresos suficientes para que los trabajadores vivan dignamente, entonces el modelo mismo requiere transformaciones profundas. Esta perspectiva sugiere que mantener salarios bajos para preservar empleos precarios constituye una trampa de pobreza que perpetúa la desigualdad. La pregunta entonces no es solo cuánto puede aumentarse el salario mínimo sin dañar la economía, sino cómo transformar la economía para que pueda sostener salarios dignos.
La experiencia internacional ofrece lecciones relevantes pero no concluyentes. Países que han logrado combinar salarios dignos con economías dinámicas generalmente han invertido sostenidamente en educación, innovación, infraestructura y desarrollo institucional. Estos procesos toman décadas y requieren consensos políticos amplios. Colombia enfrenta el desafío de acelerar estas transformaciones mientras gestiona presiones sociales inmediatas por mejores ingresos. No existen soluciones simples ni inmediatas para esta tensión, pero ignorarla tampoco constituye una opción viable.
El debate también debe considerar el papel de políticas complementarias. Transferencias condicionadas, subsidios focalizados, mejoras en servicios públicos esenciales y políticas activas de empleo pueden contribuir a mejorar el bienestar de los trabajadores sin depender exclusivamente del salario mínimo. Un enfoque integral que combine incrementos salariales graduales con estas medidas complementarias podría resultar más efectivo que apuestas maximalistas que ignoran restricciones económicas. La construcción de este enfoque requiere diálogo genuino entre actores con visiones diferentes.
La propuesta de un salario mínimo de tres millones de pesos funciona más como diagnóstico que como solución inmediata. Evidencia que Colombia enfrenta problemas estructurales profundos que no se resuelven con decisiones puntuales sobre ajustes salariales anuales. La brecha entre necesidades de los trabajadores y capacidad productiva del país exige repensar el modelo de desarrollo económico, no solo las políticas laborales específicas.
El verdadero desafío consiste en construir consensos sobre cómo transformar la economía colombiana para que pueda generar prosperidad compartida. Esto requiere ir más allá de posiciones maximalistas que ignoran restricciones reales o de aproximaciones conservadoras que perpetúan la precariedad laboral. La negociación del salario mínimo 2026 debería ser punto de partida para discusiones más amplias sobre el futuro económico y social del país, no un ejercicio de imposición de posiciones preconcebidas que profundice polarizaciones improductivas.
