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La lucha por un derecho que protege la dignidad más allá del bolsillo
La discriminación por condición económica, aunque a veces invisible, viola principios básicos de dignidad humana. Clasismo, barreras de acceso a educación, salud, vivienda y oportunidades laborales perpetúan un círculo de pobreza que se hereda, no por falta de talento sino por desigualdad estructural. En muchos países, este derecho se ampara en tratados como la Organización de las Naciones Unidas a través de pactos que obligan a los Estados a garantizar igualdad real y no solo formal.
En Colombia el marco legal se fortalece con la Corte Constitucional, que en múltiples fallos ha protegido el principio de igualdad material: dar más a quien más lo necesita. Además, leyes inspiradas en el enfoque de derechos humanos exigen que las políticas públicas eliminen barreras que excluyen a personas por su nivel de ingresos. Sin embargo, el desafío no es solo normativo: es cultural, porque la pobreza sigue cargando estigmas que abren brechas y normalizan privilegios.
El impacto de discriminar por desigualdad económica se siente en escenarios cotidianos: negación de créditos, trato indigno en servicios, segregación escolar, e incluso exclusión digital. Organizaciones como Oxfam han advertido que la desigualdad extrema frena el crecimiento, rompe el tejido social y deteriora la democracia. Combatirla implica inversión social, acceso universal a conectividad y programas de movilidad económica que nivelen el punto de partida.
Garantizar el derecho contra la discriminación económica no significa regalar nada, significa reconocer que no todas las personas inician la carrera desde la misma línea. Políticas como la educación pública gratuita, salud subsidiada y empleo digno son herramientas de justicia, no favores. La igualdad económica es la llave para que derechos no dependan del saldo de una cuenta bancaria, sino del valor intrínseco de cada ser humano. Porque un país más justo no es el que divide por clases, es el que construye oportunidades sin etiquetas.
