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Desigualdad económica fundamenta dominación machista sistemática
La violencia contra las mujeres no puede comprenderse como fenómeno aislado, sino como manifestación de estructuras patriarcales que encuentran en la dependencia económica uno de sus mecanismos de control más efectivos. El análisis de las dinámicas de poder en relaciones donde existe violencia revela sistemáticamente que la asimetría económica funciona como herramienta de dominación.
La arquitectura económica de las sociedades contemporáneas reproduce desigualdades de género que trascienden la discriminación individual para constituir sistemas estructurales. La segregación ocupacional, la penalización maternal en el mercado laboral, la invisibilización del trabajo doméstico y la brecha en acceso a capital no son casualidades, sino elementos articulados que limitan la autonomía económica femenina.
Comprender la relación entre autonomía económica y violencia requiere examinar cómo el control sobre recursos materiales se traduce en control sobre cuerpos y voluntades. La dependencia financiera opera como mecanismo de coerción que restringe las opciones de las mujeres, configurando lo que algunos académicos denominan “violencia económica estructural”.
El concepto de violencia económica amplía el marco analítico tradicional sobre violencia de género. Esta dimensión incluye no solo la privación directa de recursos por parte de agresores individuales, sino también las políticas y prácticas institucionales que limitan sistemáticamente el acceso femenino a oportunidades económicas. Reconocer esta violencia estructural es fundamental para diseñar respuestas integrales.
La teoría feminista ha conceptualizado la división sexual del trabajo como pilar fundamental del patriarcado. La asignación del trabajo reproductivo no remunerado a las mujeres no es meramente una cuestión de eficiencia económica, sino un mecanismo que garantiza su dependencia material. Las mujeres destinan en promedio tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico no remunerado, limitando drásticamente su participación en actividades económicas remuneradas.
El análisis interseccional revela cómo múltiples ejes de opresión se articulan para producir vulnerabilidades específicas. Las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidades o migrantes enfrentan barreras adicionales para lograr autonomía económica. La violencia que experimentan está moldeada por estas intersecciones, requiriendo respuestas que reconozcan la complejidad de sus experiencias.
La economía del cuidado representa un nudo crítico en la relación entre autonomía económica y violencia. La ausencia de sistemas públicos de cuidado obliga a las mujeres a asumir estas responsabilidades, frecuentemente a costa de su participación laboral. Esta situación genera dependencia económica que los agresores explotan estratégicamente para mantener control sobre sus víctimas.
La mercantilización de respuestas a la violencia de género plantea dilemas éticos y prácticos. Mientras programas de empoderamiento económico son necesarios, existe el riesgo de responsabilizar individualmente a las mujeres por su propia protección sin transformar las estructuras que producen violencia. El énfasis exclusivo en soluciones de mercado puede invisibilizar la necesidad de transformaciones políticas y culturales más profundas.
El concepto de “autonomía económica” mismo requiere examinación crítica. ¿Se refiere meramente a la generación de ingresos, o incluye poder de decisión sobre recursos, acceso a protección social y participación en la propiedad de activos? Las investigaciones sugieren que el impacto sobre la violencia depende no solo de que las mujeres generen ingresos, sino de su capacidad para controlarlos y tomar decisiones económicas significativas.
La globalización neoliberal ha reconfigurado las condiciones para la autonomía económica femenina. Si bien ha incorporado masivamente a mujeres al mercado laboral, frecuentemente lo ha hecho en condiciones precarias, mal remuneradas y sin protecciones sociales. Esta “feminización de la pobreza” desafía narrativas simplistas sobre el empleo como solución automática a la violencia de género.
El análisis complejo de la relación entre autonomía económica y violencia de género revela que las soluciones efectivas deben ser multidimensionales. Más allá de facilitar el acceso individual a ingresos, se requiere transformar las estructuras económicas que producen y reproducen la dependencia femenina. Esto implica redistribución del trabajo de cuidados, eliminación de brechas salariales, acceso equitativo a propiedad y reformas fiscales progresivas.
La erradicación de la violencia contra las mujeres exige cuestionar fundamentalmente cómo están organizadas nuestras economías. Mientras las estructuras económicas continúen produciendo dependencia material femenina, perpetuarán condiciones que posibilitan la violencia machista. La autonomía económica genuina de las mujeres no puede lograrse sin transformaciones estructurales que desafíen los fundamentos patriarcales de nuestros sistemas económicos.
