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Historias de hurto vehicular: más allá de las cifras en Bogotá
María vive en la localidad de Kennedy. Hace unos meses le robaron su motocicleta frente a su edificio. La denuncia fue inmediata, la Policía actuó y logró capturar al presunto ladrón. Pero, para su sorpresa, su agresor quedó libre poco después.
Historias como la de María se repiten en Bogotá: pese al esfuerzo policial y los operativos, la mayoría de capturados por hurto de vehículos no enfrenta condena. Esta realidad revela un problema profundo en la conexión entre la captura y la justicia.
El general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, reconoce que las detenciones han subido: en lo que va del año han capturado a 390 personas responsables de robos de automotores. Además, las autoridades han recuperado más de 2.200 vehículos, entre carros y motocicletas, devolviéndolos a sus dueños con emoción y alivio. Sin embargo, para muchos ciudadanos esa no es la parte más difícil: lo que duele es saber que los capturados pueden volver a su vida sin pagar por el crimen. Según la Secretaría de Seguridad, 7 de cada 10 capturados no son procesados ni condenados. En un operativo reciente, la Policía desmanteló bandas que operaban en parqueaderos privados, donde se escondían vehículos robados. Grupos como “Platinos” y “Altagama” son solo algunos de los nombres reconocidos por las autoridades. Para personas como María, ese tipo de golpes criminales no son solo números: representan violaciones a la vida cotidiana, pérdidas económicas y sensación de inseguridad constante.
Por su parte, desde la Secretaría Distrital de Seguridad se hace un llamado claro al Congreso: es urgente revisar las leyes para garantizar que estos delitos no queden en el limbo judicial . Policías consultados cuentan que muchas veces su trabajo se siente “incompleto”: detener no basta si el sistema penal no da seguimiento.
De igual forma, vecinos organizados han comenzado a impulsar vigilancia comunitaria, reportes constantes y colaboración con las autoridades para mejorar la efectividad de la denuncia. Aun así, algunos casos de captura no se consolidan en proceso, porque la Fiscalía y los jueces están saturados, y las pruebas –dicen– no siempre son concluyentes.
En el fondo, la historia que viven las víctimas y la Policía converge en un llamado compartido: no basta con arrestar, hace falta que la justicia actúe para retener a los culpables.
Familias de víctimas han comenzado a organizarse: se reúnen para compartir experiencias, denunciar fallos del sistema y exigir mayor rigor en los procesos judiciales.
Mientras tanto, desde la Secretaría de Seguridad se recalca que están dispuestos a trabajar con el Congreso en reformas legales que permitan cerrar las vías de impunidad y generar un efecto disuasorio real.
Detenciones hay muchas. Justicia, no tanto. En Bogotá, la brecha entre arrestos y condenas deja cicatrices en las víctimas y en los policías que persiguen a los delincuentes. Sin cambios estructurales en la ley, esas historias dolorosas se repetirán. El tema sigue en desarrollo. (*Nombre ficticio para proteger identidad.)
