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Members of the fundamentalist Jewish sect Lev Tahor, whose members are suspected of a string of serious crimes, stand on a road with an injured child, after escaping from a detention center where they were being held following a raid, in Huixtla, Chiapas state, Mexico September 28, 2022. REUTERS/Jose Torres
El grupo religioso ha cambiado de país varias veces tras investigaciones por presunto abuso infantil.
La presencia de Lev Tahor en Colombia no se entiende sin revisar el itinerario que esta comunidad ha seguido durante casi cuatro décadas. Fundada en 1988 por el rabino Shlomo Helbrans, la agrupación surgió en Jerusalén y pronto se trasladó a Estados Unidos, donde estableció una escuela religiosa en Brooklyn. Allí comenzaron sus primeros choques con la justicia, incluidos procesos por secuestro de menores, que terminaron con la deportación del líder a Israel y, más tarde, con el refugio del grupo en Canadá.
En territorio canadiense, las autoridades de bienestar infantil denunciaron a la comunidad por supuesta negligencia en la atención de los niños, lo que impulsó a Lev Tahor a buscar nuevos destinos. El grupo llegó a asentarse en pueblos de Guatemala y México, además de varios países europeos, casi siempre rodeado de controversias y de investigaciones por presunto abuso infantil, matrimonios forzados y prácticas extremas de disciplina. En diciembre de 2024, un operativo en Guatemala permitió rescatar a más de un centenar de menores y hallar restos humanos en terrenos asociados a la comunidad.
Ese historial fue clave para que las autoridades colombianas actuaran con rapidez cuando recibieron reportes de la presencia del grupo en Yarumal. Según Migración Colombia, el objetivo de los visitantes era ubicar un predio en zona rural para instalar una nueva base y reproducir el modelo de vida comunitaria que habían intentado sostener en otros países. La experiencia de Guatemala y México mostró a los investigadores que una vez levantados los complejos de la comunidad, el acceso de las instituciones estatales se volvía mucho más difícil.
Por eso, el operativo en el hotel de Yarumal se considera preventivo: se buscó intervenir cuando los menores aún estaban en un lugar accesible, con registros formales y sin barreras físicas. El hallazgo de cinco niños con alertas amarillas de Interpol reforzó la urgencia de la acción y justificó el traslado inmediato a centros de protección, en coordinación con defensores de familia y equipos psicosociales. El mensaje, según fuentes oficiales, es que Colombia no pretende criminalizar la fe, pero sí reaccionar ante cualquier antecedente de riesgo para la niñez.
Organismos internacionales que han seguido el rastro del grupo advierten que su estilo de vida se basa en una interpretación extremadamente rigurosa de la ley religiosa, con largas jornadas de oración, aislamiento comunitario y normas estrictas de vestimenta, sobre todo para mujeres y niñas. Críticos y exmiembros sostienen que, bajo ese marco, se han justificado castigos físicos, matrimonios arreglados a edad temprana y control casi absoluto sobre la vida cotidiana de los menores, denuncias que Lev Tahor rechaza categóricamente.
En Colombia, el desafío es doble: por un lado, garantizar que los niños rescatados reciban atención integral, y por otro, decidir qué hacer con los adultos que los acompañaban, muchos de ellos padres o parientes cercanos. Migración evalúa la opción de deportarlos a los países desde los que llegaron, mientras avanza el intercambio de información con agencias de seguridad y protección infantil de Norteamérica y Centroamérica. El proceso se desarrolla bajo la lupa de organizaciones de derechos humanos, que piden transparencia y respeto a los estándares internacionales.
El caso también ha generado reflexión en la opinión pública sobre la necesidad de conocer mejor la diversidad de expresiones religiosas presentes en el territorio nacional. Analistas subrayan que no se trata de estigmatizar al judaísmo ni a otras confesiones, sino de aprender a distinguir entre comunidades que viven su fe en el marco de la ley y grupos que, bajo el mismo lenguaje religioso, pueden poner en riesgo a los más vulnerables. En esa frontera difusa, la historia de Lev Tahor ofrece lecciones que Colombia ahora deberá procesar con cuidado.
Con la intervención en Yarumal, Colombia se suma a la lista de países que han tenido que responder al avance de Lev Tahor dentro de sus fronteras. La experiencia internacional muestra que la prevención temprana y la coordinación con agencias de protección infantil son claves para evitar que se repitan episodios de abuso. En los próximos meses, el seguimiento al caso en Antioquia será determinante para definir si el país logra consolidar una política clara frente a comunidades religiosas cerradas con antecedentes polémicos.
