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Protección, inclusión y oportunidades que garantizan una infancia digna y plena
En Colombia, los niños con discapacidad cuentan con un marco legal robusto que protege su bienestar y asegura su participación plena en la sociedad. La Constitución, el Código de Infancia y Adolescencia, y la Ley 1618 de 2013 establecen que estos menores tienen derecho a recibir cuidados especiales, educación inclusiva y servicios de salud adecuados a sus necesidades. El objetivo es garantizar que cada niño pueda desarrollarse en igualdad de condiciones, sin barreras que limiten su crecimiento.
Uno de los pilares más importantes es el acceso a la educación inclusiva. Las instituciones educativas están obligadas a ofrecer apoyos pedagógicos, ajustes razonables y entornos accesibles que permitan a los estudiantes aprender a su ritmo. Además, las familias pueden exigir acompañamiento profesional como terapeutas, intérpretes o docentes de apoyo según el tipo de discapacidad. Este enfoque busca no solo integrar, sino también valorar la diversidad dentro del aula.
La protección contra cualquier forma de discriminación es otro derecho fundamental. Los niños con discapacidad deben ser respetados, escuchados y tenidos en cuenta en decisiones que afecten su vida. El Estado, la familia y la sociedad tienen la responsabilidad compartida de garantizar su participación, brindar oportunidades de desarrollo y asegurar que disfruten plenamente de sus libertades. Reconocer y defender estos derechos es clave para construir un país más inclusivo, justo y humano.
