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El caso Acevedo muestra la coordinación entre autoridades de Colombia, México, Canadá y Estados Unidos contra una red de narcotráfico
El homicidio de Jonathan Christopher Acevedo García en un centro comercial de Medellín no puede leerse como un hecho aislado. Detrás de los disparos que terminaron con la vida del testigo federal en el Mall del Indio se esconde una compleja trama de cooperación judicial, intereses criminales y disputas por el control de rutas de narcotráfico que conectan a Colombia, México, Estados Unidos y Canadá. El sicariato, cuidadosamente planeado, buscaba algo más que silenciar a una persona: pretendía enviar un mensaje a todo el sistema de justicia.
Desde 2023, Acevedo había comenzado a aportar información detallada sobre la estructura y los movimientos financieros de una organización dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos. Esta colaboración permitió articular una operación conjunta del FBI, la DEA y las autoridades de los países implicados, que se tradujo en al menos 13 capturas en 2024, golpeando a mandos medios y altos de la red. El testigo, en la práctica, se convirtió en una pieza incómoda para quienes veían amenazados sus negocios millonarios.
El asesinato en Medellín se suma a otros casos en los que estructuras criminales transnacionales recurren a la eliminación física de testigos clave para desestabilizar procesos judiciales. La modalidad de sicariato, ejecutada en un espacio público y en plena tarde, genera un doble efecto: por un lado, pretende entorpecer las investigaciones; por otro, busca intimidar a potenciales colaboradores de la justicia, que ven el riesgo real de ser atacados incluso fuera del país donde se adelantan los procesos.
La respuesta de Estados Unidos y Canadá fue elevar el caso a prioridad internacional. La recompensa conjunta de hasta seis millones de dólares por los presuntos autores materiales del crimen y la inclusión del episodio en la estrategia de persecución de la red liderada por Ryan James Wedding muestran cómo el homicidio en Medellín pasó a ser parte de un expediente que se discute en tribunales de Los Ángeles y en despachos de agencias federales. La ciudad se convirtió, así, en pieza clave de una investigación global.
En términos de seguridad local, el caso supone un reto adicional para Medellín y el Valle de Aburrá. La presencia de organizaciones con capacidad de coordinar ataques en zonas comerciales y de mover sicarios, vehículos y armas con precisión evidencia vacíos en la inteligencia y la prevención. Para las autoridades, reconstruir la ruta de la moto hallada en Loreto, identificar a los tres hombres de los videos y entender quién ordenó el crimen son pasos esenciales para demostrar que el territorio no está disponible para la impunidad.
Analistas en temas de seguridad coinciden en que el asesinato del testigo colombo–canadiense pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a quienes colaboran con la justicia internacional. La coordinación entre escoltas, sistemas de alerta, protocolos de movilidad y programas de reserva de identidad se vuelve crítica para evitar que los testigos se conviertan en blancos fáciles, especialmente cuando sus declaraciones afectan intereses de redes que operan en varias jurisdicciones.
El caso Acevedo también abre preguntas sobre el rol de ciudades como Medellín en el mapa del narcotráfico actual. Aunque la capital antioqueña ha avanzado en indicadores de turismo, innovación y desarrollo urbano, sigue siendo relevante para estructuras que usan su ubicación estratégica, su infraestructura y sus conexiones internacionales para mover mercancía ilícita y lavar recursos. El sicariato en el Mall del Indio es un recordatorio incómodo de que, detrás de los esfuerzos de transformación urbana, subsisten dinámicas criminales capaces de atraer la atención del FBI y de los grandes carteles.
La muerte del testigo federal colombo–canadiense en Medellín se ha convertido en un caso emblemático para analizar el funcionamiento del crimen organizado transnacional. La alianza entre el FBI, la DEA y las autoridades de Colombia, México y Canadá, la millonaria recompensa ofrecida por los sicarios y la conexión con el exatleta olímpico Ryan James Wedding consolidan este sicariato como ejemplo de cómo las redes de narcotráfico siguen usando a Medellín como escenario de sus disputas, pese a los avances en seguridad urbana y cooperación internacional.
