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El Distrito habla de deudas triplicadas; la EPS sostiene que ha girado más de $74.000 millones a la red pública
De un lado, la Secretaría de Salud de Bogotá sostiene que las deudas de la Nueva EPS con las subredes de la ciudad se habrían triplicado en el último año, en un contexto de urgencias operando por encima del 300 % y crecientes presiones sobre la red pública. Del otro, la aseguradora responde con cifras que, según afirma, muestran una realidad distinta: pagos superiores a los 74.000 millones de pesos a hospitales distritales y planes de normalización de cartera que —asegura— no han sido plenamente reconocidos. El contraste de datos está en el centro de la discusión.
De acuerdo con los reportes del Distrito, la cartera de la Nueva EPS con las cuatro subredes habría pasado de cerca de 35.000 millones de pesos a alrededor de 90.000 millones en pocos meses, lo que a juicio de la administración refleja un deterioro acelerado de la capacidad de pago de la entidad intervenida. La EPS, en cambio, explica que esos montos incluyen cuentas en revisión, servicios aún no conciliados y obligaciones sujetas a acuerdos de pago, por lo que insiste en que la cifra de deuda efectiva es sensiblemente menor.
En paralelo, informes de la Personería Distrital y de otros organismos han documentado un aumento en las remisiones de pacientes de la Nueva EPS a hospitales públicos de Bogotá, así como quejas por demoras en autorizaciones de procedimientos y dificultades en la entrega de medicamentos. Los reportes advierten que, de no concretarse los pagos adeudados, algunas instituciones podrían restringir la prestación de servicios a esta población, con efectos directos sobre miles de usuarios en localidades como Suba, Kennedy y Bosa.
El contexto de estas cifras es la intervención estatal a la Nueva EPS, que fue asumida por la Superintendencia de Salud y el Gobierno nacional ante los riesgos advertidos sobre su sostenibilidad. Con más de once millones de afiliados en todo el país, la entidad se convirtió en el foco de la discusión sobre el futuro del modelo de aseguramiento, especialmente en ciudades como Bogotá donde concentra una alta proporción de su población. La capital, con una red pública robusta pero presionada, ha sido uno de los escenarios más sensibles de esa intervención.
Tanto la Secretaría de Salud como la Nueva EPS han incrementado su comunicación pública en las últimas semanas. El Distrito publica boletines en los que detalla el crecimiento de la cartera, el incremento de la ocupación en urgencias y la cantidad de quejas asociadas a la EPS. La entidad, por su parte, divulga comunicados en los que desglosa los giros efectuados a cada subred, los cronogramas de pago y los contratos vigentes, en un intento por contrarrestar la percepción de que ha abandonado sus obligaciones en la capital.
En ese cruce de reportes, los hospitales públicos reportan indicadores que dan cuenta de la presión asistencial: más ocupación en camas de hospitalización, incremento en el tiempo promedio de espera para clasificación en urgencias y aumento en la proporción de pacientes remitidos sin autorización previa. Si bien la congestión no es exclusiva de la Nueva EPS, los directivos hospitalarios coinciden en que el tamaño de su población afiliada hace que cualquier dificultad de contratación o pago tenga un impacto inmediato en la operación diaria.
Por ahora, el escenario está marcado por mesas técnicas entre el Gobierno, el Distrito y la Nueva EPS, así como por llamados de la Personería a priorizar la continuidad de los servicios por encima de los desacuerdos contables. La resolución de las diferencias de cifras, la formalización de nuevos contratos y el cumplimiento de los acuerdos de pago serán determinantes para definir si la red pública de Bogotá logra sostener la atención a los afiliados de la entidad sin llegar a medidas extremas como la suspensión de servicios.
Los datos que hoy se cruzan entre la Nueva EPS, la Secretaría de Salud y la Personería de Bogotá configuran el mapa de una crisis que impacta directamente a los usuarios. Deudas, giros, contratos y ocupación hospitalaria son indicadores que definirán si la red pública de la capital puede seguir absorbiendo la demanda de la EPS más grande del país. El seguimiento a estas cifras será clave para entender la evolución de la intervención y el futuro del sistema de salud en Bogotá.
