Infraestructura deteriorada y sanciones complican proyecto energético
El anuncio del presidente venezolano Nicolás Maduro sobre la inminente exportación de gas hacia Colombia plantea interrogantes sobre la viabilidad técnica y económica de este proyecto. Aunque el mandatario asegura que el gas está listo en la frontera, expertos del sector energético colombiano advierten que no existen actualmente las condiciones técnicas, contractuales o legales necesarias para que ese suministro sea posible en el corto plazo.
La declaración se produce en un momento crítico para la seguridad energética colombiana, cuyas reservas de gas han caído a su nivel más bajo en una década. Desde 2024, el país debe importar gas no solo para respaldar plantas térmicas, sino también para abastecer hogares, comercios e industrias, lo que aumenta la presión por diversificar las fuentes de suministro.
Sin embargo, múltiples factores técnicos, políticos y económicos se interponen entre el anuncio y la realidad de un flujo continuo de gas venezolano hacia territorio colombiano.
La infraestructura constituye el primer obstáculo significativo. El Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, que debería transportar el gas venezolano, lleva años sin uso regular y requeriría rehabilitación. Analistas señalan que el estado de deterioro de la tubería es desconocido y que cualquier adecuación demandaría tiempo y recursos considerables antes de poder operar de manera segura y eficiente.
La situación de la infraestructura venezolana también genera dudas. El exministro colombiano de Minas y Energía Amylkar Acosta advirtió sobre la necesidad de evaluar el estado de la infraestructura binacional ante posibles daños por falta de uso o mantenimiento. La capacidad real de Venezuela para mantener un suministro continuo permanece como una incógnita, considerando el deterioro generalizado del sector energético venezolano durante la última década.
El contexto político internacional añade otra capa de complejidad. Estados Unidos mantiene sanciones contra el régimen venezolano, y la administración de Donald Trump ha anunciado aranceles de hasta el 25 por ciento para países que compren petróleo o gas venezolano. Estas medidas buscan bloquear las operaciones comerciales del gobierno de Maduro y podrían encarecer significativamente cualquier importación para Colombia.
Julio César Vera Díaz, expresidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, señala que la inestabilidad institucional de Venezuela genera dudas sobre la seguridad jurídica de cualquier contrato a largo plazo. La volatilidad política del país vecino representa un riesgo para la continuidad del suministro, con posibles interrupciones, cambios en las prioridades de exportación o problemas de mantenimiento.
El aspecto económico también presenta interrogantes. Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro argumenta que la compra de gas venezolano disminuiría la vulnerabilidad frente a la exportación a precios más elevados, expertos advierten que el gas venezolano podría no presentar precios tan competitivos como se proyecta. Los costos asociados al transporte, la rehabilitación del ducto y los eventuales aumentos derivados de las sanciones internacionales podrían reducir la ventaja económica esperada.
Para Venezuela, la exportación de gas a Colombia representa una oportunidad fiscal importante. Clara Inés Pardo, doctora en economía y políticas energéticas, explica que la comercialización permitiría al país vecino generar nuevas divisas en medio de su crisis macroeconómica y recuperar parcialmente su rol como proveedor energético regional. Esta necesidad económica urgente podría estar impulsando anuncios prematuros sobre la disponibilidad del suministro.
Colombia actualmente importa gas a través de la terminal de regasificación SPEC LNG en Cartagena, que aún cuenta con disponibilidad pero resulta insuficiente ante el crecimiento de la demanda. Ecopetrol avanza en nuevas infraestructuras, como la regasificadora del Pacífico y adecuaciones en Coveñas, que empezarían a operar entre 2026 y 2027. La presidenta de Naturgas ha planteado que deberían desarrollarse aceleradamente proyectos de producción nacional para evitar depender del gas venezolano.
El anuncio de Maduro sobre la exportación de gas puede interpretarse como un movimiento político destinado a demostrar la recuperación del sector energético venezolano y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Sin embargo, la brecha entre la declaración y la capacidad real de implementación permanece amplia y requeriría meses, si no años, para cerrarse.
La experiencia histórica sugiere cautela ante promesas de integración energética rápida. Los tiempos de adecuación de infraestructura, las complejidades contractuales, las sanciones internacionales vigentes y la necesidad de garantizar la continuidad del suministro hacen que este anuncio sea, por ahora, una promesa lejana más que una realidad inminente para el sector energético colombiano.
