En círculos diplomáticos se asume que la eventual salida de Colombia del grupo de aliados mayores extra-Otán sería uno de los gestos más duros de Washington en décadas
En los pasillos de la embajada de Colombia en Washington, el tono de las conversaciones cambió en cuestión de semanas. Lo que antes eran discusiones técnicas sobre programas de asistencia y reuniones de rutina con el Pentágono, hoy está atravesado por una palabra que pocos se atrevían a pronunciar: castigo. Fuentes consultadas admiten que, por primera vez en años, se habla abiertamente de la posibilidad de que Estados Unidos revoque el estatus de Aliado Mayor Extra-Otán, un sello que había sido motivo de orgullo entre los equipos diplomáticos.
Para muchos funcionarios de carrera, la designación otorgada en tiempos de Joe Biden representó la culminación de décadas de trabajo conjunto en temas de seguridad, inteligencia y lucha contra el narcotráfico. No se trataba solo de adquirir helicópteros, radares o tecnología de punta, sino de sentarse a la mesa grande, participar en ejercicios conjuntos y ser consultados sobre decisiones sensibles para la región. Convertirse en el primer país latinoamericano en perder ese reconocimiento sería, reconocen, un golpe al prestigio construido con varios gobiernos.
Quienes siguen de cerca la relación señalan que la crisis actual se incubó durante meses. Primero llegó la descertificación en materia de drogas, luego la suspensión parcial de recursos, después la inclusión de Petro en la lista Clinton y, más tarde, la revocatoria de su visa diplomática. Cada decisión fue recibida con desconcierto en los equipos que han trabajado por mantener la cooperación a pesar de los cambios de gobierno y de ideología en ambos países.
Al otro lado del puente aéreo, en Bogotá, los asesores de la Casa de Nariño intentan equilibrar el discurso crítico del presidente Petro con la necesidad de no romper puentes con Washington. Las declaraciones del mandatario cuestionando la política exterior de Estados Unidos, su llamado a militares estadounidenses a no acatar “órdenes ilegales” y sus reproches por operaciones antidrogas en el Caribe han sido bien recibidos por sectores afines, pero han encendido luces rojas en despachos clave del establecimiento político y económico colombiano.
En medio de este pulso, los diplomáticos se mueven en terreno minado. Por un lado, transmiten a Washington el mensaje de que la alianza con Colombia va más allá del gobierno de turno y que el país sigue siendo un socio comprometido con la seguridad regional. Por el otro, informan a Bogotá que el margen de tolerancia se ha reducido y que decisiones como retirar el estatus de Aliado Mayor Extra-Otán están seriamente sobre la mesa, no solo como gesto simbólico sino como advertencia hacia otros actores.
En conversaciones privadas, varios de ellos reconocen que uno de sus mayores temores es el efecto dominó que podría tener el castigo: menos acceso a programas de cooperación, más trabas burocráticas y una señal de desconfianza que podría influir en cómo otros países —desde socios europeos hasta potencias asiáticas— perciben la estabilidad de Colombia y su alineamiento internacional. Más allá de la coyuntura, se preguntan cuánto tiempo tomará recomponer la confianza perdida.
Mientras tanto, en las ciudades colombianas, el tema empieza a filtrarse en conversaciones empresariales, académicas y políticas. Gobernadores, alcaldes y líderes regionales que han dependido durante años de proyectos financiados con recursos estadounidenses intentan medir el posible impacto en seguridad, desarrollo rural y programas sociales. La sensación compartida es que, si la decisión se concreta, Colombia entrará en una etapa de redefinición de su relación con la principal potencia del mundo, en un momento especialmente sensible para su economía y su seguridad interna.
La eventual revocatoria del estatus de Aliado Mayor Extra-Otán no solo reconfiguraría la relación entre Colombia y Estados Unidos en el plano militar, sino que obligaría a revisar la estrategia diplomática del país y su capacidad para mantener la cooperación en medio de profundas diferencias políticas. En las próximas semanas, los movimientos de la Casa Blanca y las respuestas del gobierno Petro marcarán el rumbo de un vínculo que podría pasar de ser privilegiado a simplemente funcional.
