Noticias Caleñas 
En la zona operan frentes de las disidencias de las Farc, según reportes oficiales
La retención de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, y de su tour mánager en un tramo de la vía Panamericana en el Cauca no solo es un golpe para su entorno familiar y artístico. También reabre el debate sobre la seguridad en uno de los corredores viales más sensibles del país, donde confluyen economías legales, actividades ilícitas, protestas sociales y presencia de grupos armados ilegales.
La información oficial indica que el secuestro se registró en la vereda El Túnel, en el municipio de Cajibío, cuando el vehículo de plataforma en el que se movilizaba el artista fue interceptado por otros dos carros y por hombres armados hacia las 8:45 de la noche. Los captores se llevaron al cantante y a su acompañante y abandonaron en el lugar al conductor, quien reportó de inmediato la situación ante la Policía.
Aunque hasta ahora ningún grupo ha reclamado responsabilidad, las autoridades recuerdan que en ese sector tienen presencia activa los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, pertenecientes a las disidencias de las Farc. Estas estructuras han sido señaladas de ejercer control territorial, cobrar extorsiones y participar en secuestros, aprovechando la compleja geografía del Cauca y la limitada capacidad del Estado para cubrir todos los puntos críticos de la región.
El secuestro de Ayala se suma a otros hechos recientes que han elevado la preocupación. En el mismo tramo de la vía Panamericana, hace menos de una semana se registró un atentado contra el senador y exgobernador Temístocles Ortega, cuya camioneta recibió varios disparos; aunque salió ileso, el caso puso de relieve la facilidad con la que actores armados pueden atacar incluso a figuras escoltadas.
Organizaciones sociales y líderes comunitarios del Cauca han insistido en que la ruta que atraviesa municipios como Cajibío, El Tambo y otros del centro del departamento es mucho más que un corredor vial: es una franja donde convergen intereses de grupos armados, demandas históricas de comunidades campesinas e indígenas, y la necesidad de garantizar el tránsito de alimentos, insumos y pasajeros entre el suroccidente y el resto del país. En este contexto, cada secuestro o atentado tiene impacto económico, social y emocional.
Frente a este panorama, la respuesta institucional ha incluido el despliegue de equipos especiales de la Policía y el apoyo de unidades militares para reforzar la presencia en puntos críticos y adelantar operaciones de búsqueda. Sin embargo, la percepción de inseguridad continúa alta entre transportadores, pasajeros y habitantes de la zona rural, que reportan frecuentes restricciones a la movilidad por bloqueos, retenes ilegales o enfrentamientos esporádicos.
Analistas en temas de conflicto señalan que casos como el de Miguel Ayala visibilizan problemas que comunidades del Cauca vienen denunciando desde hace años: la persistencia de estructuras armadas, la debilidad de la presencia estatal integral y la exposición cotidiana de la población a secuestros, amenazas o desplazamientos. Lo que hoy golpea a un artista reconocido es, en muchos otros episodios menos visibles, la realidad de campesinos, transportadores y líderes locales.
Mientras prosigue la búsqueda del cantante Miguel Ayala en el Cauca, el secuestro ocurrido en la vía Panamericana vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fortalecer la seguridad en corredores estratégicos y reducir la capacidad de acción de las disidencias de las Farc y otros grupos ilegales. El caso del hijo de Giovanny Ayala en Cajibío se convierte así en un nuevo llamado para revisar la respuesta institucional frente a los secuestros y la violencia en el suroccidente del país, una región clave para la conectividad entre Popayán, Cali y el resto de Colombia.
