El ministro habla de “abuso de poder” y cuestiona competencias; la Corte rechaza sus señalamientos y respalda la legalidad del operativo
El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció este 11 de noviembre un allanamiento en una de sus viviendas ordenado por la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana y lo calificó como irregular. En entrevista con La W, elevó el tono del debate al afirmar que enfrenta a “una magistrada […] loca, demente y delincuente”, y puso en duda la competencia del alto tribunal para investigarlo por hechos posteriores a su paso por el Congreso.
Benedetti aseguró que Lombana no tendría facultades para indagarlo y que la pesquisa habría alcanzado a decenas de familiares, lo que, a su juicio, configura una persecución. Sostuvo además que el operativo no dejó incautaciones y sugirió la posible instalación de micrófonos, un señalamiento que encendió alertas sobre eventuales vulneraciones a garantías procesales.
La Corte Suprema de Justicia respondió rechazando las descalificaciones personales contra la magistrada y defendiendo la legalidad de la diligencia, recordando procesos en curso. El pronunciamiento buscó encauzar el episodio en el terreno jurídico, aunque el cargo actual del ministro lo proyecta al ámbito político nacional.
En el frente institucional, sectores de opinión y control disciplinario solicitaron a la Procuraduría evaluar medidas frente a las expresiones del ministro, mientras otros actores pidieron respeto entre poderes y transparencia en las actuaciones. Paralelamente, el presidente Gustavo Petro criticó el allanamiento —sin mencionar a la magistrada— y lo calificó de “ilegal” y de convertirse en “secuestro”, lo que incrementó la tensión entre Ejecutivo y Rama Judicial.
Con antecedentes judiciales y disciplinarios como telón de fondo, el caso abre preguntas sobre los límites del discurso de altos funcionarios y el alcance de las competencias del alto tribunal. En el corto plazo, se esperan definiciones de la Procuraduría, precisiones adicionales de la Corte sobre el marco de actuación y la estrategia jurídica que el propio Benedetti dijo estar dispuesto a emprender en instancias nacionales e internacionales.
