El rediseño apunta a coordinación con gobernaciones y alcaldías

Tras reconocer que la estructura actual no permitió destrabar la agenda en el territorio, la Presidencia dio un paso: volver a una Consejería con capacidad de articular actores locales y acelerar obras y programas. La medida responde a la intervención de la Corte y a reclamos de comunidades que piden resultados tangibles.
El rediseño busca que decisiones de tierras, proyectos productivos, vías terciarias y servicios lleguen a Catatumbo, Cauca, Chocó, Sur de Córdoba, Putumayo, Meta y Antioquia, donde la ejecución enfrenta condiciones de seguridad complejas y déficits de presencia estatal. La Consejería actuará como enlace político y técnico para alinear carteras y autoridades locales.
En 2022, la antigua Alta Consejería se transformó en Unidad, perdiendo jerarquía y capacidad de convocar a todo el Estado. La Corte consideró que la coordinación debía fortalecerse y urgió la reestructuración. La respuesta ahora es elevar el nivel para que la política de paz opere con mando y presupuesto.
El cambio anunciado incluye métricas públicas por región, con énfasis en proyectos productivos, reincorporación económica y protección. La idea es pasar de anuncios a hitos verificables: predios formalizados, kilómetros de vías intervenidas, escuelas y puestos de salud mejorados, y esquemas de seguridad para líderes.
Organismos de verificación y centros de investigación han recomendado recuperar un órgano de mayor rango para dar coherencia a la implementación. Con la nueva Consejería, el Ejecutivo afirma que se alinearán ministerios y se integrarán datos para tomar decisiones informadas.
Comunidades y firmantes han pedido participación real y seguimiento. La Consejería promete mesas regionales, auditoría social e informes trimestrales. El desafío es sostener el ritmo frente a amenazas y disputas armadas que la Corte asocia a la eficacia del proceso. El Gobierno confía en que el ajuste se traduzca en hechos y reduzca brechas entre el centro y las regiones.
