La memoria oficial aún deja vacíos

Conmemoraciones recientes retomaron los hitos jurídicos: la Corte IDH estableció responsabilidad estatal por 11 desapariciones forzadas y ordenó reparaciones. El listón es alto, pero no cierra la discusión.
La tesis de las “memorias excluyentes” señala que, al privilegiar unos relatos, otros quedan fuera: víctimas sin sentencia, militantes y civiles invisibles, así como policías y un militar caídos en los hechos.
La disputa por la narrativa se alimenta también de lecturas políticas sobre la toma y la retoma, mientras la búsqueda forense sigue aportando hallazgos e identificaciones tardías para algunas familias.
Archivos, peritajes e informes de memoria reconocen que hubo desapariciones y fallas graves de investigación. Sin embargo, persisten zonas grises que requieren mayor acceso documental y cooperación interinstitucional.
Para los familiares, la palabra clave es reconocimiento: que el Estado y las entidades memoriales nombren a quienes siguen sin figurar y garanticen recursos para la búsqueda.
La pedagogía pública —cronologías, especiales, líneas de tiempo— ha ayudado a explicar la magnitud del suceso, pero debe integrar a quienes hoy permanecen por fuera del relato oficial.
El reto a 40 años: pasar del rito conmemorativo a políticas sostenidas de investigación, archivo y verdad, sin excepciones ni jerarquías en el duelo colectivo. El Estado y la sociedad están llamados a completar la verdad. Incluir a los desaparecidos no reconocidos fortalece la justicia transicional, la reparación y las garantías de no repetición
